El servicio de recolección y barrido que presta la Intendencia Municipal de Salto enfrenta desde hace tiempo un problema persistente que va más allá de lo operativo y que tiene raíces profundas en el comportamiento ciudadano: el destrato, la quema y el uso indebido de los contenedores destinados a la basura domiciliaria.

Estos recipientes, concebidos exclusivamente para recibir residuos domésticos comunes, se han transformado en muchos casos en verdaderos depósitos improvisados de todo tipo de desechos. Es habitual encontrar en su interior escombros provenientes de obras, electrodomésticos rotos, restos de mobiliario y otros elementos de gran volumen. A esto se suma lo que el propio servicio denomina “chatarra”, que incluye colchones, heladeras, lavarropas y otros objetos que suelen abandonarse junto a los contenedores, sin ningún tipo de aviso ni coordinación previa.

El problema no es menor. Estos elementos, por su tamaño, estructura y componentes, provocan severos daños en los sistemas de compactación y trituración que poseen los camiones recolectores. La consecuencia directa es la necesidad de detener unidades para realizar reparaciones complejas y costosas, afectando la continuidad del servicio. Se trata de vehículos especiales, con tecnología específica, cuyo mantenimiento resulta oneroso y cuya disponibilidad es limitada.

Lo que complica la actividad de ese sector de servicio municipal notoriamente básico, ya que el parque de camiones recolectores no al presente el deseable y necesario. Pero, pese a la realidad de contar con un número reducido de unidades, el servicio logra sostenerse con una prestación que, en términos generales, resulta adecuada. Sin embargo, cada rotura, cada camión fuera de servicio por daños evitables, impacta directamente en la frecuencia y eficiencia de la recolección en los distintos barrios de la ciudad.

El lamentable y permanente vandalismo

A este escenario se suma un componente aún más preocupante: el vandalismo. Fin de semana tras fin de semana, no son pocos los contenedores que aparecen incendiados o dañados de forma deliberada. Actos gratuitos, sin otro fin que la destrucción, que obligan a la Intendencia a reponer equipamiento de manera constante, desviando recursos que podrían destinarse a mejorar o ampliar el servicio.

El contexto presupuestal agrava la situación. Actualmente, la Intendencia, continúa operando con el presupuesto heredado de la administración anterior, lo que impone severas limitaciones para la compra de nuevos contenedores, camiones y otros insumos básicos para su labor. La demanda es alta: hay barrios y zonas de la ciudad que reclaman la instalación de estos recipientes, y otros donde los existentes deben ser reemplazados por daños irreparables. Sin embargo, la escasez de rubros disponibles impide dar respuesta inmediata a esas necesidades, al menos hasta que entre en vigencia el presupuesto quinquenal.

En definitiva, el problema de los contenedores no es solo una cuestión de recursos o gestión. Es, sobre todo, un reflejo de prácticas irresponsables que terminan teniendo un alto costo colectivo. Cuidar el equipamiento público no es una consigna abstracta: es una condición básica para sostener servicios esenciales y evitar que los recursos de todos se sigan yendo, literalmente, a la basura.

La inversión realizada por FDI e Intendencia de Salto

Completando la información en este tema, cabe consignar, que de acuerdo a información oficial, confirmada por cartel estatal, instalado en 18 de Julio y Cervantes, se indica que en la compra de contenedores de residuos y papeleras, el Fondo de Desarrollo del Interior (FDI) realizó un aporte del gobierno nacional, por devolución de impuestos que paga el pueblo de Salto, recibiendo así la Intendencia la suma de $1.649.450 a lo que sumó de sus arcas propias la cantidad de $247.417, posibilitando así compras para el servicio del recolección y barrido.