La Justicia uruguaya dictó condenas de entre 11 y 15 años de penitenciaría para nueve militares retirados, hallados responsables de graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el Batallón de Infantería de Fray Bentos durante la última dictadura cívico-militar.

Detenciones ilegales y torturas sistemáticas

El fallo, emitido por el juez Claudio de León, concluye que las personas detenidas fueron víctimas de procedimientos ilegales que incluyeron arrestos arbitrarios, privaciones de libertad agravadas y la aplicación sistemática de tormentos físicos y psicológicos. Entre las prácticas comprobadas se mencionan el “plantón”, el “submarino” y el uso de picana eléctrica, métodos considerados internacionalmente como tortura.

Jóvenes de San Javier entre las principales víctimas

Según se estableció en el proceso judicial, los hechos investigados se remontan a los años 1980 y 1984, cuando alrededor de 20 habitantes de la localidad de San Javier —en su mayoría adolescentes y jóvenes de entre 16 y 19 años— fueron detenidos por efectivos militares. Durante los interrogatorios, las víctimas fueron sometidas a apremios con el objetivo de que confesaran supuestos vínculos con el Partido Comunista del Uruguay y con la entonces Unión Soviética.

El caso Vladimir Roslik

Uno de los episodios más graves ocurrió en abril de 1984, cuando falleció Vladimir Roslik como consecuencia de las torturas sufridas mientras permanecía detenido. Su muerte es considerada el último homicidio perpetrado por el terrorismo de Estado en Uruguay, y constituye un símbolo de las violaciones cometidas en el tramo final del régimen dictatorial.

Observaciones del fallo judicial

En la lectura de la sentencia, el magistrado subrayó que las personas arrestadas debieron haber sido derivadas a la Justicia ordinaria, ya que no revestían condición militar. “La intervención de la Justicia militar en estos casos resultó improcedente y contraria a derecho”, señaló el juez, reforzando el carácter ilegal de los procedimientos aplicados.

Un nuevo paso en verdad y justicia

La resolución judicial representa un nuevo avance en los procesos de verdad y justicia vinculados a los crímenes del pasado reciente, reafirmando la responsabilidad penal individual por actos que el propio fallo califica como graves violaciones a los derechos humanos.