La discusión sobre la reforma de la seguridad social volvió a instalarse en el centro del debate público tras las críticas formuladas por José Luis Borges, secretario general de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, quien cuestionó duramente el denominado “Diálogo Social” impulsado por el gobierno. Durante su visita en Salto, el dirigente sostuvo que las propuestas surgidas de ese ámbito mantienen intacto el sistema mixto de jubilaciones y consolidan la participación de las AFAP en la administración de los aportes de los trabajadores.

Borges afirmó que tanto la Coordinadora de Jubilados como el Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social participan activamente en la discusión pública porque entienden que el actual proceso “condena a la continuidad del lucro privado” con los fondos previsionales. Según expresó, el principal problema es que no se plantea la eliminación de las AFAP y, además, se habilita la posibilidad de que nuevas empresas privadas continúen administrando recursos provenientes de los aportes de los trabajadores.

El dirigente recordó que la Coordinadora cumplirá 40 años de actividad en agosto y señaló que, desde sus orígenes, la organización sostiene que la seguridad social debe entenderse como “un derecho humano fundamental”. En ese sentido, defendió un sistema “universal, integral, estatal, solidario, justo y sin fines de lucro”, argumentando que mientras existan administradoras privadas de fondos jubilatorios ese objetivo no podrá alcanzarse plenamente.

Borges también cuestionó que el debate sobre la seguridad social quede reducido únicamente al tema jubilatorio. Recordó que el Banco de Previsión Social no solo financia jubilaciones y pensiones, sino también prestaciones como seguro de paro, seguro por enfermedad, asignaciones familiares, maternidad, prótesis, lentes y otras coberturas sociales. A su entender, el debilitamiento financiero del BPS compromete toda esa red de protección social.

Otro de los ejes centrales de sus declaraciones estuvo vinculado a la distribución de la riqueza y al financiamiento del sistema previsional. Borges aseguró que las AFAP administran más de 2.000 millones de dólares anuales provenientes de aportes laborales y sostuvo que las grandes empresas continúan recibiendo importantes exoneraciones fiscales mientras aumentan las desigualdades sociales. Citando cifras de organismos oficiales, afirmó que las empresas privadas vinculadas a la seguridad social “embolsen seis millones de dólares diarios”.

Para el dirigente, el problema de fondo no es el envejecimiento de la población, como suelen plantear distintos sectores políticos, sino la forma en que se distribuye la riqueza generada en el país. Como ejemplo, señaló que desde 1957 hasta la actualidad la población uruguaya creció un 44%, mientras la riqueza nacional se multiplicó por cuatro, aunque los salarios reales perdieron poder adquisitivo. “La riqueza se concentra cada vez más en un sector muy pequeño”, afirmó.

Borges también criticó las nuevas propuestas vinculadas a fideicomisos e inversiones financiadas con fondos previsionales. Según explicó, se pretende utilizar aportes jubilatorios para financiar obras de infraestructura o proyectos privados, profundizando así la lógica de negocios en torno a la seguridad social. A su juicio, este mecanismo mantiene intacto el problema central: el lucro privado con recursos que deberían destinarse exclusivamente a garantizar derechos sociales.

Asimismo, cuestionó que muchas inversiones realizadas con esos fondos terminen favoreciendo procesos de automatización que reducen puestos de trabajo, mencionando como ejemplo la sustitución de trabajadores en supermercados mediante nuevas tecnologías financiadas indirectamente con recursos provenientes de las AFAP.

Entre las principales propuestas impulsadas por la Coordinadora de Jubilados figura elevar todas las jubilaciones y pensiones mínimas al nivel del salario mínimo nacional. Borges estimó que más de la mitad de los jubilados y pensionistas podrían beneficiarse con esa medida y calculó que tendría un costo cercano a los 600 millones de dólares anuales. Comparó esa cifra con los recursos manejados actualmente por las AFAP y con las exoneraciones fiscales otorgadas a grandes empresas.

Finalmente, lamentó que no se haya considerado reinstalar una “décimo tercera prestación” para jubilados y pensionistas, equivalente al aguinaldo eliminado durante la dictadura militar, y advirtió que las organizaciones sociales deberán asumir un rol activo frente a una reforma que, según sostuvo, “arma una trampa en perjuicio de la mayoría de la población”.