En una extensa y acalorada sesión que se prolongó hasta la noche de ayer, la Junta Departamental de Salto aprobó por mayoría un decreto que recategoriza más de 400 hectáreas de tierras, transformándolas de rurales a urbanas. Este cambio representa una expansión del 13% en el área urbana de la ciudad. Con 25 votos a favor y solo 2 en contra —ambos del Frente Amplio—, el proyecto fue aprobado, convirtiéndose oficialmente en un decreto departamental.

¿De qué se trata esta recategorización?

El decreto aprobado modifica el Plan Local de Ordenamiento Territorial, permitiendo que un área que hasta ahora era considerada rural pase a ser suelo urbano. Esto habilita la posibilidad de nuevos desarrollos inmobiliarios, incluyendo cooperativas, viviendas sociales e incluso barrios privados. Según se expresó durante la sesión, la intención es generar oportunidades para el crecimiento planificado de la ciudad, atender la demanda habitacional y fomentar el desarrollo económico del departamento.

Dos miradas opuestas: desarrollo vs. especulación

La sesión mostró dos posiciones muy marcadas. Por un lado, la mayoría de los ediles —principalmente de los partidos de oposición y la mayoría del Frente Amplio— apoyaron el proyecto, destacando que:El proceso fue estudiado durante años, atravesando dos gobiernos departamentales y recibiendo informes técnicos de profesionales especializados. Se cumplieron los pasos legales, incluyendo audiencias públicas, consultas con universidades y estudios ambientales. El decreto establece condiciones estrictas para cualquier nuevo proyecto, como la obligación de contar con servicios de saneamiento, energía eléctrica y espacios públicos .No se aprueba ningún barrio privado en particular, sino un marco normativo para evaluar propuestas futuras. Para estos ediles, la aprobación representa una oportunidad concreta para el desarrollo del departamento. "Estamos pensando en el Salto del futuro", se dijo en sala.

Por otro lado, los dos votos en contra del Frente Amplio mostraron una fuerte preocupación por el impacto ambiental, social y político del decreto. Según argumentaron:Salto ya tiene más de un tercio de su superficie urbana sin utilizar y terrenos baldíos dentro de la ciudad que aún esperan desarrollo. La población del departamento ha crecido muy poco en los últimos años, según el censo de 2023, por lo que no se justifica una expansión territorial tan grande.La medida puede generar especulación inmobiliaria, beneficiando a quienes son dueños de la tierra y encareciendo los precios.Se contradice con el propio programa de gobierno del Frente Amplio, que prioriza consolidar el tejido urbano existente y rechaza modelos de urbanización excluyentes como los barrios cerrados.

Uno de los ediles que votó en contra Gabriel Scabino expresó: “Esto representa una transferencia de recursos de toda la sociedad hacia sectores privilegiados”, y cuestionó la falta de participación ciudadana directa en la decisión.

¿Y ahora qué?

El decreto ya es ley departamental. Esto significa que, a partir de ahora, los terrenos en cuestión se consideran urbanos y pueden ser objeto de proyectos habitacionales o comerciales. Cada nuevo proyecto deberá ser evaluado por la Junta Departamental y cumplir con todas las condiciones del plan aprobado.

El debate, sin embargo, seguramente continuará. Queda claro que el desarrollo urbano genera tensiones entre quienes ven en él una oportunidad económica y quienes priorizan la sostenibilidad, el acceso equitativo y la planificación a largo plazo.