La Junta Departamental de San José aprobó, por una votación casi unánime de 30 en 31, la eliminación de la exoneración del pago de la patente de rodados para sus ediles, beneficio que regía desde 1990. Con esta decisión, San José se convierte en el primer departamento del país en eliminar este privilegio, restableciendo la igualdad tributaria con el resto de los ciudadanos.

La iniciativa, presentada por el edil nacionalista Aparicio Camy, fue aprobada en la última sesión de la Junta. Su promotor explicó que la medida busca generar “justicia tributaria”, recordando que no es coherente que los representantes del pueblo estén exentos de un impuesto que abonan todos los contribuyentes.

Las mismas obligaciones que el resto de los vecinos...

Camy sostuvo que la decisión tiene un claro componente de responsabilidad política y republicana, ya que todos los ediles deben cumplir con las mismas obligaciones que el resto de los vecinos. Argumentó además que la exoneración se justificaba en una época en que los ediles no percibían remuneración alguna, pero que hoy, al recibir una partida de protocolo mensual, ese beneficio “se desnaturalizó” y terminó siendo un “privilegio”. Reconoció que hubo “rispideces”, porque se tocaba un tema sensible, pero destacó que el objetivo se alcanzó y que la decisión envía una señal positiva a la ciudadanía.

Beneficios inadecuados

La bancada del Frente Amplio acompañó la iniciativa, considerando que la exoneración era un beneficio inadecuado para un cargo honorario y sumando sus votos a la eliminación del privilegio. La medida fue celebrada por todos los sectores como un paso hacia una mayor austeridad y equidad en el ejercicio de la función pública.

Historia y motivos

Como ya he escrito sobre este tema en otras oportunidades, vuelvo a preguntar: ¿por qué razón los ediles deben estar exonerados del pago de la patente de rodados? Si bien la Constitución establece que los legisladores departamentales son 31, en Salto —desde hace años— esa prerrogativa se extendió a todos los suplentes. En consecuencia, 124 personas pueden ampararse hoy en una norma que los exonera del pago de la patente de sus vehículos.

Para entender cómo nació este beneficio, hay que remontarse a su aprobación, hace unas siete décadas. En aquel entonces, el parque automotriz uruguayo era reducido y sobrevivía a la Segunda Guerra Mundial, cuando importar un vehículo nuevo era prácticamente imposible. Los autos de la época —Ford A, Chevrolet Capitol, Austin, Hillman, Ford Prefect, Fordson, entre otros— pagaban montos irrisorios por concepto de patente. El espíritu de aquella medida fue otro. En un contexto de absoluta austeridad en las administraciones departamentales, se entendió como un pequeño reconocimiento a los pocos ediles que poseían vehículo propio y lo utilizaban en sus tareas. Además, lo recaudado por patente de rodados tenía una incidencia mínima en los presupuestos municipales, que se sostenían principalmente con impuestos a los semovientes (3%) y a la contribución inmobiliaria rural. Sin embargo, el tiempo cambió las condiciones económicas y tributarias. Con los años, el parque automotriz creció de forma exponencial. Hoy, el decreto que mantiene la exoneración “premia al que tiene más y castiga al que tiene menos”.

Un vehiculo de 80 mil dólares y otro de U$S 3 mil

Quien posee un vehículo valuado en 80.000 dólares se ahorra una suma considerable, mientras que quien conduce un auto modesto de 2.000 o 3.000 dólares apenas obtiene un beneficio simbólico. Desde cualquier punto de vista, mantener esa canonjía es injustificable. El principio de igualdad ante la ley —piedra angular del sistema republicano— debe aplicarse sin excepciones. Los cargos de representación popular implican servicio, no privilegio. Si el ciudadano común cumple con sus obligaciones tributarias, no hay razón para que sus representantes estén exceptuados.

San José ha dado el ejemplo.

Su decisión no solo corrige una inequidad histórica, sino que también reafirma la necesidad de transparentar la función pública y fortalecer la confianza de la población en sus instituciones. Sería deseable que otras juntas departamentales, empezando por la de Salto, sigan el mismo camino. Porque la ejemplaridad también se construye con gestos concretos, y pagar lo que corresponde es, sin duda, uno de ellos.