La discusión volvió a instalarse en la región. En Argentina se presentó un proyecto de ley que propone bajar la edad de imputabilidad penal a los 14 años. La iniciativa generó debate político y social, y abrió una pregunta inevitable en este lado del río: ¿qué pasa en Uruguay? Para analizar el tema conversamos con el abogado penalista Claudio Opazo, quien aportó una mirada técnica y, al mismo tiempo, clara para entender un asunto sensible.

Una discusión que vuelve cada tanto

Opazo explicó que no es la primera vez que se plantea esta idea. “Cada cierto tiempo aparece como una solución frente a hechos graves cometidos por adolescentes”, señaló. Según el abogado, cuando ocurre un delito que involucra a menores, la reacción inmediata suele ser endurecer las penas o bajar la edad de responsabilidad penal. Sin embargo, advirtió que esa respuesta no siempre resuelve el problema de fondo. “Es una propuesta que suena fuerte, pero hay que preguntarse si realmente previene el delito o solo actúa después de que el hecho ya ocurrió”, sostuvo.

¿Qué pasa hoy en Uruguay?

En Uruguay la situación es distinta a la que muchos imaginan. Desde hace años existe un régimen específico para adolescentes en conflicto con la ley. No se los juzga como adultos, pero sí son responsables y pueden recibir medidas que incluyen la privación de libertad. Opazo recordó que el sistema uruguayo ya redujo en su momento la edad de responsabilidad dentro del marco del Código de la Niñez y la Adolescencia. “A veces se habla de bajar la edad como si hoy no existiera responsabilidad, y eso no es así”, explicó.

Las sanciones para adolescentes son medidas socioeducativas. Algunas implican internación en centros especializados y otras se cumplen en libertad asistida. Además, las normas internacionales establecen que los menores no deben compartir establecimientos con adultos privados de libertad.

¿Sirve bajar la edad como prevención?

Uno de los puntos centrales del análisis fue la prevención. Para Opazo, el debate no puede limitarse a una consigna. “La violencia existe desde siempre y no se elimina solo con una reforma legal”, afirmó.

El abogado planteó que es necesario estudiar las causas. Factores como la exclusión social, el acceso a la educación, el empleo, el consumo de alcohol y drogas o la falta de oportunidades influyen en determinadas conductas. Eso no significa justificar el delito, aclaró, pero sí entender el contexto para diseñar políticas efectivas.

“Antes de cambiar una ley, hay que preguntarse qué políticas de prevención se están aplicando y si se controlan correctamente”, indicó.

El rol de los controles y las políticas públicas

Opazo puso ejemplos concretos. Recordó que existen normas que prohíben la venta de alcohol a menores y que establecen fuertes sanciones. Sin embargo, el problema muchas veces está en el control y el cumplimiento. “Crear una norma es sencillo. Lo complejo es aplicarla y sostenerla en el tiempo”, remarcó.

Para el penalista, el desafío pasa por evaluar qué medidas funcionan y cuáles no. En ese sentido, destacó la importancia de herramientas como las encuestas nacionales de victimización, que permiten conocer cuántos delitos se denuncian y cuántos no, y en qué contextos ocurren.

Un debate que exige información

La discusión sobre la edad de imputabilidad despierta emociones fuertes. Hay preocupación social cuando un menor participa en un delito grave. Pero Opazo insistió en que las decisiones deben tomarse con datos y no solo con impacto mediático. “Endurecer penas puede dar la sensación de respuesta inmediata, pero eso no garantiza que bajen los niveles de violencia”, sostuvo.

Para el abogado, el camino es más complejo: combinar responsabilidad, medidas socioeducativas eficaces, prevención real y políticas públicas bien dirigidas.

Mientras en Argentina el proyecto avanza en el debate , en Uruguay el tema vuelve a escucharse en algunas voces. La pregunta de fondo sigue siendo la misma: ¿qué soluciones son realmente eficaces para reducir la violencia y proteger a la sociedad? La respuesta, según los especialistas, no es simple ni rápida. Pero requiere algo imprescindible: análisis serio y decisiones basadas en evidencia.