El fallo que sacude a la Intendencia de Salto podría generar una ola de demandas y obliga a revisar el uso del poder punitivo por parte de las autoridades municipales. La Suprema Corte de Justicia del Uruguay ha emitido una sentencia histórica que declara inconstitucional el procedimiento de incautación vehicular utilizado por la Intendencia de Salto, por considerarlo excesivo, irracional y atentatorio contra los derechos fundamentales de los ciudadanos. El abogado salteño Ignacio Supparo, quien inició este proceso judicial tras haber sido víctima directa del procedimiento, explicó en una entrevista con La Prensa Streaming cómo este fallo representa una victoria no sólo personal, sino colectiva.

Un procedimiento común, pero injusto

“El procedimiento que hace el cuerpo inspectivo en Salto es abusivo”, sentenció el Dr. Supparo, relatando cómo comenzó todo a partir de una experiencia personal. Fue detenido en un control de tránsito, y tras una espirometría positiva, su vehículo fue incautado y trasladado por una grúa. “Mi vehículo estaba en perfectas condiciones. Aun así, me lo llevaron. Me sentí atropellado desde el primer minuto, sin posibilidad de defensa”, afirmó.

El abogado describió cómo este tipo de operativos generan un sentimiento generalizado de humillación y desamparo en la población. “La desolación no es solo cuando te sacan el vehículo, sino cuando vas a buscarlo y te dicen que solo te lo devuelven si pagás la multa. Eso es extorsión, y así lo dice la Corte.”

“Irracional y desproporcionado”

En su dictamen, la Suprema Corte de Justicia no ahorró calificativos: la normativa aplicada por la Intendencia fue calificada como “irracional”, “desproporcionada” y parte de “un culto excesivo al castigo”. La Corte argumentó que existen mecanismos legales mucho más razonables para que la administración cobre sus multas, sin necesidad de secuestrar la propiedad de los ciudadanos.

“La norma nunca fue legal desde su origen”, enfatizó Supparo. “El Tribunal de Cuentas ya había advertido, cuando se presentó esta norma en la Junta Departamental, que iba contra los artículos 7 y 32 de la Constitución, que garantizan el derecho de propiedad.”

El largo camino judicial

La estrategia de Supparo fue doble. Por un lado, presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, que es la que finalmente tuvo éxito. Por otro, recurrió la sanción personal que se le impuso, que incluyó seis meses de inhabilitación, una multa de 35 UR, el costo de la grúa y otros cargos. Actualmente, este recurso se encuentra a estudio del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), y ya cuenta con un dictamen favorable del Procurador del Estado, que recomienda la anulación del procedimiento. “El procedimiento estuvo viciado desde el principio”, explicó. “No importa si tenías el carné vencido o la espirometría dio positivo. Si no se respetaron las garantías formales, todo el proceso es nulo.”

El impacto: posibles demandas masivas

Uno de los puntos más sensibles del fallo es su potencial efecto dominó. Aunque legalmente tiene efectos individuales, el precedente es tan contundente que se espera una catarata de juicios contra la Intendencia de Salto. “Esto ya no lo dice Nacho Supparo, lo dice la Suprema Corte”, subrayó el abogado. La Junta Departamental deberá actuar de inmediato para derogar la norma. Además, la Intendencia debería cesar la aplicación del procedimiento, por simple sentido de responsabilidad y respeto institucional. “Si son personas de bien, a partir de este fallo deberían dejar de aplicar este sistema. Ya está claro que es inconstitucional”, afirmó Supparo.

Un ejemplo de resistencia cívica

La entrevista también sirvió como una fuerte crítica al rol pasivo que muchas veces asume la ciudadanía, e incluso los propios abogados. “Si los profesionales del derecho no peleamos por los derechos de la gente, ¿quién lo va a hacer?”, cuestionó.“El derecho no es solo un conjunto de normas escritas. También es moralidad, justicia, sentido común. Las leyes las hacen seres humanos, no oráculos, y por eso hay que cuestionarlas”, insistió Supparo. “No podemos ser lectores pasivos de textos. Tenemos que juzgar si son justos o no.”

Y ahora qué? El desafío para el nuevo gobierno departamental

El reciente cambio de autoridades en Salto pone este tema en la mesa del nuevo intendente y sus asesores. El Dr. Albisuo ha designado como asesor jurídico al Dr. Ferreira y a Gabriel Rodríguez al frente de Asesoría Letrada. “Ambos son personas de bien”, dijo Supparo, pero advirtió que tendrán que asumir este tema “con toda la seriedad que amerita”. “El fallo de la Corte les deja una responsabilidad enorme. Si no actúan con urgencia, se van a encontrar con un problema mayúsculo.”

Cuando la Justicia se impone al poder

La sentencia de la Suprema Corte es mucho más que un fallo jurídico. Es un recordatorio de que incluso frente al abuso institucional más consolidado, el derecho puede prevalecer. Y también es una llamada de atención a los ciudadanos: cuando algo parece injusto para todos, probablemente lo sea. Ignacio Supparo lo resume con claridad: “Este no es solo mi triunfo. Es un triunfo para cada salteño que alguna vez sintió que el sistema lo trataba como culpable antes de permitirle defenderse. Por fin, alguien nos escuchó.”