El posible litigio entre el Estado uruguayo y el astillero español Cardama volvió a instalarse con fuerza en el debate político, tras confirmarse que ya está fijada una audiencia de conciliación para marzo de 2026. La noticia generó inmediatas reacciones tanto dentro del oficialismo como, especialmente, en la oposición, que advirtió sobre las consecuencias económicas, jurídicas y políticas que podría enfrentar el país.