Legisladores de cuatro partidos de la oposición, procedieron ayer a concretar una denuncia penal por la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización. El documento lleva la firma de los diputados Gustavo Salle (Identidad Soberana), Juan Martín Jorge (Partido Colorado), Rodrigo Goñi (Partido Nacional) y Gerardo Sotelo (Partido Independiente).

“Aparente comisión de abuso de funciones”

El escrito señala una “aparente comisión” de abuso de funciones, fraude, falsificación ideológica de documento público y conjunción del interés personal y público, y solicita investigar a todas las personas involucradas en la operación. Alega falta de quórum en la resolución, pago por encima de la tasación oficial, informes antedatados y la inhabilitación de dos jerarcas por su condición de colonos, entre otros puntos.

Los argumentos de los denunciantes

El diputado Jorge sostuvo que la presentación busca “cumplir un deber” de transparencia y resguardar los dineros públicos, aunque aseguró que no era una instancia deseada. “Pero a veces nos vemos obligados a tener que cumplir esta tarea de control. Todo esto empieza con una compra millonaria, donde hemos encontrado un sinfín de irregularidades, más de 12 violaciones a las normas, desde la Constitución de la República hasta los reglamentos internos de Colonización”.

Identidad Soberana

Salle, por su parte, dijo que los indicios ameritan una investigación, aunque expresó dudas sobre que Fiscalía avance en el caso por involucrar al propio Poder Ejecutivo. Respecto a la conformación de la comisión investigadora, consideró que, aunque no estén los votos requeridos, es un camino necesario, paralelo al del Ministerio Púbico. “Que no estén los votos no le quita trascendencia a la investigación legislativa, porque aquí puede haber responsabilidades penales, pero también responsabilidades administrativas y políticas. Entonces, aunque no estén los votos, que se investigue en paralelo a nivel legislativo y a nivel administrativo/fiscal —porque nunca es judicial— lo veo como algo muy positivo”.

Partido Independiente

El Partido Independiente resolvió firmar la denuncia penal, pese a que en un principio había preferido esperar a la creación de una investigadora parlamentaria. Al no lograrse ese objetivo, el diputado Gerardo Sotelo, dijo que  “ante en ese escenario, la única herramienta disponible era la vía judicial, por lo que acompañó la denuncia.

Perrone : “Corresponde que la compra sea analizada por la Justicia

Desde Cabildo Abierto, el diputado Álvaro Perrone sostuvo que, ante la presunción de irregularidades, corresponde que la compra de la estancia María Dolores sea analizada por la Justicia. Señaló que su partido no fue invitado a participar de la denuncia, pero consideró que igualmente está representada toda la oposición. Por otra parte indico que “si el tema ya está en la Justicia, no tiene mucho sentido” impulsar una comisión investigadora.”

Presidente del FA: “se pretende judicializar la política”

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, defendió la compra de la estancia María Dolores y criticó a los partidos que presentaron la denuncia por “judicializar la política”. Subrayó que la compra de tierras responde al programa del Frente Amplio y afirmó que “todos los informes” confirman que “se cumplió con la ley”. Atribuyó la denuncia a la dificultad de la oposición para aceptar la derrota electoral y sostuvo que “la ira de algunos dirigentes es insoportable” y que “no saben perder”. Agrego finalmente que “Si la oposición cree que debe presentar una denuncia penal, nada se lo impide. Pero judicializar la política es uno de los peores errores que los partidos pueden cometer, y como lo cometen habitualmente, tampoco me aflige”.