La investigación penal sobre Conexión Ganadera y sus directivos detectó "una compleja red de transacciones inmobiliarias y societarias de alto valor, uso de letras de cambio, hipotecas y arrendamientos rurales entre los investigados, sus familiares y empresas relacionadas". En un informe que la Secretaría Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) realizó a pedido del fiscal Enrique Rodríguez, al que accedió El Observador, se concluyó que “las operaciones involucran montos significativos que justifican la investigación por presunto lavado de activos”. A pedido del fiscal el reporte de la Senaclaft indagó los bienes que compraron y vendieron los indagados, su entorno, domicilios y sociedades vinculadas entre 2018 y mayo de 2025.