La reciente decisión del presidente Yamandú Orsi de acudir personalmente a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) con informes médicos sobre la salud de presos de avanzada edad en la cárcel de Domingo Arena generó un inmediato impacto político. Aunque Orsi negó estar preocupado por la situación de quienes cumplen condenas por delitos cometidos durante la dictadura y aseguró que solo buscó informarse, su visita reactivó un tema sensible para el sistema político: el tratamiento humanitario de los militares presos por crímenes de lesa humanidad.