La nueva conducta de omisiones en materia fiscal y de aportes, de Eduardo Viera Magliano, presidente del Instituto Nacional de Colonización (INC), vuelve a encender las alarmas sobre la ética y la transparencia en el ejercicio de cargos públicos. La acusación es clara y preocupante: no presentó los aportes al Banco de Previsión Social (BPS) ni declaró el final de obra de la vivienda que construyó en un predio que ocupa como colono, y para el cual recibió un préstamo del propio organismo que hoy preside.

Lo escandaloso del caso no radica solo en la infracción administrativa. El problema de fondo es el mensaje que se transmite a la ciudadanía: quienes ocupan posiciones de poder y responsabilidad parecen operar bajo reglas distintas a las del resto. Viera no es un ciudadano común: lidera el organismo encargado de adjudicar y supervisar tierras del Estado bajo el régimen de colonización, una figura que implica deberes cívicos y sociales, más aún cuando se es beneficiario directo del sistema.

El expediente que continúa abierto en el INC desde hace tiempo evidencia un patrón de desidia o, peor aún, de encubrimiento. La falta de entrega de documentación y la ausencia de regularización de la obra construida reflejan una actitud incompatible con los principios de responsabilidad institucional. Y lo más grave es que no se trata simplemente de una omisión técnica: el incumplimiento de los aportes al BPS y la posible evasión de impuestos como la Contribución Inmobiliaria y el impuesto de Primaria constituyen hechos que afectan directamente la recaudación y, por ende, el bienestar colectivo.

En tiempos donde la ciudadanía exige ejemplaridad, la conducta de Viera es doblemente reprochable. Primero, por beneficiarse de recursos públicos sin cumplir con los compromisos que estos implican. Segundo, por hacerlo mientras ejerce un rol jerárquico en la institución que debería velar por el uso justo y transparente de esos mismos recursos.

Este caso debe tener consecuencias. No alcanza con que el expediente siga su curso burocrático. La ética pública exige respuestas rápidas, firmes y, sobre todo, creíbles. Lo contrario sería resignarse a una cultura de privilegios y opacidad que debilita la confianza en las instituciones y profundiza el divorcio entre gobernantes y gobernados.