La Justicia Federal argentina dio un nuevo paso en la causa iniciada contra el Estado uruguayo y la empresa HIF Uruguay SA por el proyecto para instalar una planta de combustible sintético en Paysandú, al ordenar que la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) aporte estudios e información técnica sobre la calidad de las aguas en la zona donde se prevé desarrollar el emprendimiento. La medida fue adoptada en el marco de una acción judicial preventiva por posibles daños ambientales presentada por los diputados nacionales Guillermo Michel y Marianela Marclay, junto al senador Adán Bahl, quienes sostienen que deben respetarse los procedimientos establecidos en el Estatuto del Río Uruguay para este tipo de proyectos binacionales.