Las bancadas del Frente Amplio se reunieron con el secretario y el prosecretario de Presidencia para conocer los detalles del caso. Luego del encuentro, el senador Nicolás Viera calificó los pasos del Ejecutivo como “acertados” y señaló que el objetivo es “cortar un proceso muy viciado de irregularidades que podría seguir costándole millones al pueblo uruguayo”. Viera adelantó que, por ahora, el oficialismo no promoverá una comisión investigadora parlamentaria hasta conocer el resultado del proceso judicial. Cuestionó además la gestión del exministro de Defensa Javier García y sostuvo que “es una falta de respeto decir que el presidente Orsi se presta a una maniobra política cuando están en juego 90 millones de dólares del pueblo uruguayo”.

“Que el ex Ministro García explique”

“Yo creo que García tiene que explicar por qué su gobierno firmó con Cardama cuando los equipos técnicos del Ministerio de Defensa habían puesto a ese astillero en el último lugar posible. García debería explicar si existieron presiones norteamericanas para que el astillero no fuera una empresa china. García debería explicar por qué su colega, el ministro (de Defensa Armando) Castaingdebat (sucesor de García) aceptó sin ningún estudio esta garantía”.

Presidente del PN juzgó / “es una decisión política”

El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, calificó como una “decisión política” y no jurídica la opción por rescindir el contrato entre el Estado uruguayo y el astillero español Cardama, con el que el gobierno de Luis Lacalle Pou había acordado la construcción de dos patrullas oceánicas por 82 millones de euros. Sostuvo, que la medida responde a una “estrategia” del gobierno de “desarmar proyectos del período anterior”. Además, apuntó que el anuncio de la rescisión “se dio justo cuando la oposición pidió la renuncia del presidente de ASSE, Álvaro Danza por severas irregularidades y falta de ética”, y agregó que “fue digno de un circo político”.

“Con la rescisión se expone a juicios al Estado”

“Lamentablemente las tres principales jerarquías del país, dieron una conferencia de prensa en la que anunciaron la posible rescisión de un contrato que, en los hechos, va a generar perjuicios para Uruguay. No solo en la reputación y seguridad jurídica, sino que vamos a perder la plata que ya pusimos por las patrullas que se están construyendo y, además de generar la posibilidad de juicios contra el Estado, que los terminamos pagando todos”. Afirmó, que la compra de las patrullas fue “transparente y auditado”, con información remitida al Parlamento, certificaciones internacionales y aval del Tribunal de Cuentas. Afirmó que “incluso la ministra de Defensa, Sandra Lazo, habló hace poco en el Parlamento de los pagos hechos a la empresa, que cuenta con respaldo del gobierno español”. Adelantó que el lunes 28, el Directorio del Partido Nacional respaldará la actuación de los ex ministros de Defensa Javier García y Armando Castaingdebat. Finalmente, recordó que la adquisición de las patrullas oceánicas “es una demanda histórica de la Armada Nacional, que desde hace más de 20 años reclama embarcaciones para mejorar el control marítimo y el combate al narcotráfico”.