La sesión extraordinaria de la Junta Departamental de Salto, realizada en el Aula Magna del CENUR Litoral Norte, nació con el propósito de recordar los 40 años del retorno a la democracia. La instancia, impulsada originalmente por el edil Enzo Paique y llevada adelante por la Comisión de Cultura, fue concebida como un acto solemne y reflexivo, en un ámbito académico pensado para subrayar la gravedad histórica del hito que significó la recuperación institucional de 1984. Sin embargo, la tranquilidad del inicio no anticipaba el giro que tendría la jornada. Lo que parecía un homenaje consensuado entre fuerzas políticas terminó transformándose en un escenario donde quedaron expuestas profundas diferencias sobre la interpretación del pasado reciente. El discurso del edil Alexander Fagúndez, integrante de la Coalición Republicana, marcó un antes y un después en la sesión.

La irrupción de un discurso que desafió el tono de la ceremonia

Fagúndez tomó la palabra con un tono sereno, pero desde sus primeras frases quedó claro que su intervención no sería una más. En lugar de plegarse al clima conmemorativo del acto, eligió confrontar una de las narrativas históricas dominantes sobre el quiebre institucional de 1973. Su planteo, directo y sin suavidades, fue que Uruguay arrastra desde hace décadas una memoria incompleta, moldeada para acentuar unas responsabilidades y ocultar otras.

Sostuvo que el golpe de Estado no surgió de manera espontánea, sino que fue la culminación de un proceso de violencia política alimentado por la acción armada del MLN Tupamaros y otros grupos de izquierda que, en su visión, “optaron deliberadamente por la sedición y la desestabilización del orden democrático”. Subrayó que fueron estos movimientos quienes abrieron la puerta a una espiral de confrontación extrema que terminó hundiendo al país en una crisis institucional sin retorno.

Fagúndez no se limitó a señalar ese origen. También afirmó que buena parte de la narrativa pública ha evitado responsabilizar a quienes empuñaron las armas antes del golpe, mientras que el foco se ha concentrado casi exclusivamente en los excesos cometidos por el Estado y las Fuerzas Armadas. Reconoció sin rodeos la responsabilidad militar en el quiebre democrático, calificándola de “innegable” y “gravísima”, pero insistió en que asumir ese punto no puede implicar borrar el papel decisivo que a su juicio tuvieron los grupos armados de izquierda.

El rescate de actores y la denuncia de una memoria selectiva

En su revisión del pasado reciente, Fagúndez dedicó un pasaje destacado a rescatar el rol del Partido Colorado y, especialmente, del Dr. Julio María Sanguinetti en la salida institucional y la reconstrucción democrática. Afirmó que sin ese liderazgo, sin la firmeza y la capacidad de negociación mostrada en aquellos años, el retorno a la institucionalidad no habría alcanzado la estabilidad y legitimidad que hoy se recuerda.

Pero fue en su análisis de la memoria democrática donde sus palabras resultaron más incómodas para varios de los presentes. Fagúndez sostuvo que Uruguay, a 40 años de la recuperación institucional, convive con una democracia debilitada por la falta de respeto a la voluntad popular expresada en los referéndums de 1989 y 2009 sobre la Ley de Caducidad. Recordó que en ambas ocasiones la ciudadanía votó mantener la normativa, y que, sin embargo, decisiones posteriores del sistema político, judicial y académico terminaron por desconocer el mandato popular.

A partir de ese razonamiento, denunció la existencia de una “justicia selectiva” que, según él, mantiene bajo escrutinio permanente a determinados actores mientras que otros, especialmente vinculados a la violencia política previa al golpe, han sido exonerados, legitimados y hasta homenajeados. “No existe democracia plena cuando la justicia es selectiva”, sostuvo, cuestionando que el país haya aceptado una visión histórica que —en su lectura— condena sólo a un lado del conflicto.

Reacciones inmediatas y tensiones dentro y fuera de la bancada

El discurso de Fagúndez cayó como un golpe brusco en un ambiente que hasta ese momento había transcurrido en un clima de reconocimiento y solemnidad. Ediles del MPP y otros sectores del Frente Amplio reaccionaron con molestia, entendiendo que la intervención rompió innecesariamente el espíritu del acto y reabrió heridas que la sesión buscaba recordar desde la perspectiva de la unidad democrática.

Lo llamativo fue que las críticas no se limitaron a la oposición. Incluso dentro de la Coalición Republicana hubo cuestionamientos, ya que algunos de sus integrantes consideraron que el tono del discurso fue innecesariamente confrontativo para una instancia concebida como homenaje y reflexión colectiva. Para ellos, la sesión había logrado sostener un equilibrio hasta que las palabras de Fagúndez alteraron ese status quo.

La intervención del edil dejó en evidencia que, pese a los 40 años de continuidad institucional, el país sigue dividido en torno a cómo interpretar el pasado reciente, cuáles responsabilidades deben resaltarse y qué memoria colectiva se proyecta hacia el futuro.

Un cierre con advertencias y un llamado a revisar el sistema democrático

Lejos de suavizar su postura en el cierre, Fagúndez profundizó su enfoque crítico. Llamó a defender “una democracia auténtica”, libre de relatos sesgados y de “memorias condicionadas”. Advirtió que mientras persista una lectura parcial del pasado y una aplicación selectiva de la justicia, Uruguay no podrá consolidar una democracia madura. Reclamó hablar de “toda la historia, no de la mitad”, insistiendo en que la imparcialidad institucional es un requisito indispensable para los próximos 40 años.

El evento, concebido como una conmemoración solemne, terminó revelando con crudeza que la democracia uruguaya sigue siendo un terreno donde conviven acuerdos fundamentales y profundas discrepancias sobre el relato histórico. La intervención de Fagúndez no sólo alteró el clima de la sesión: también dejó planteada una discusión que, a juzgar por la reacción inmediata, continúa siendo una de las más sensibles del país democrático.