La reciente conferencia de prensa encabezada por el presidente Yamandú Orsi, acompañado por el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez y el prosecretario Jorge Díaz, marcó un punto de inflexión político e institucional. No solo fue la primera vez que los tres jerarcas comparecieron juntos —como bien ironizó Eduardo Lust, formando un “triunvirato presidencial”—, sino también la primera ocasión en la que el mandatario asumió públicamente, con voz firme, la decisión de “rescindir” el contrato con el astillero español Cardama, acusando a la empresa de “estafa y fraude”.

El constitucionalista y ex diputado Lust, líder del novel “Espacio Constitucional Ambientalista”, analizó con precisión jurídica el alcance y las consecuencias de tal anuncio. Según explicó, el presidente no tiene competencia directa para disponer una rescisión contractual de ese tipo. “Esa decisión corresponde al Poder Ejecutivo en su conjunto y, en este caso, debería ser formalmente adoptada y firmada por la ministra de Defensa Nacional”, sostuvo. En su interpretación, la redacción del mensaje leído por Orsi denota una confusión entre la voluntad política y la legalidad administrativa, una diferencia sustancial en un Estado de Derecho.

Lust fue más lejos: advirtió que, si el gobierno opta por judicializar el diferendo, el Estado uruguayo podría terminar perdiendo el juicio. La empresa Cardama continúa construyendo las patrulleras oceánicas y ha recibido los pagos acordados conforme a los avances verificados, lo que difícilmente encaje en una figura penal de estafa o fraude. Además, de existir controversias, éstas deberían tramitarse ante la justicia española, donde no hay indicios de delito.

El ex legislador también enmarcó la decisión del gobierno dentro de un contexto político más amplio. A su juicio, el Frente Amplio —al que acusó de “despilfarrar millones de dólares” en otros proyectos, como las concesiones a UPM o el Ferrocarril Central— busca trasladar responsabilidades hacia ex jerarcas del Ministerio de Defensa, como Javier García, y oficiales de la Armada que participaron en el proceso de contratación. Una estrategia que, según Lust, apunta más a generar exposición mediática que a obtener resultados judiciales concretos.

En otro pasaje de su detallado análisis, Lust vinculó el episodio con la aspiración oficialista de crear un Ministerio de Justicia. Destacó que Jorge Díaz, quien podría encabezar esa nueva cartera, se ha cuidado en afirmar que no aspira al cargo, intentando así mantener distancia de eventuales cuestionamientos. Recordó, además, que el mismo Díaz estuvo involucrado en la polémica designación de Carolina Ache como embajadora en Portugal, derivada del caso del pasaporte a Sebastián Marset, un tema que aún proyecta sombras sobre el critico accionar frenteamplista.

La advertencia de Lust trasciende lo jurídico. Expone la tensión entre la necesidad de transparencia y la tentación de convertir los asuntos de Estado en disputas políticas o gestos de autoridad personal. 

Cuando el presidente declara “yo firmé, yo resolví”, se corre el riesgo de confundir liderazgo con concentración de poder, y decisión con arbitrariedad. El episodio del contrato con Cardama no solo pone a prueba la solidez institucional del nuevo gobierno, sino también su capacidad de actuar dentro de los límites que impone la Constitución. 

En tiempos de protagonismos y mensajes instantáneos, las formas jurídicas siguen siendo el fundamento que separa a una república de una voluntad unipersonal. Y en ese recordatorio, la voz de Eduardo Lust vuelve a ser, una vez más, una llamada de atención necesaria. A tenerlo en cuenta.