Las declaraciones del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, durante el "Encuentro Ministerial sobre el Resurgimiento del Terrorismo Político", provocaron inmediatas reacciones en Uruguay. Al mencionar al MLN-Tupamaros junto a Montoneros, las FARC y Sendero Luminoso como ejemplos de organizaciones que recurrieron al terrorismo político. No faltaron voces que calificaron sus dichos como una agresión o una simplificación de nuestra historia.

No tengo dudas, de que las afirmaciones de Rubio responden a la línea política del presidente Trump y a la estrategia internacional de su administración frente a los movimientos de izquierda. Eso forma parte del debate político internacional. Pero existe una realidad que los uruguayos no deberíamos intentar esconder ni reescribir por incomodidad ideológica.

El MLN-Tupamaros fue una organización que eligió la lucha armada como instrumento para alcanzar objetivos políticos. Secuestros, atentados, homicidios, copamientos, robos a instituciones financieras y ataques a instalaciones militares integran una historia ampliamente documentada. Negar esos hechos porque algunos de sus antiguos integrantes llegaron décadas después al gobierno no modifica la realidad. La historia no se corrige mediante relatos; permanece escrita por los hechos.

Del mismo modo, tampoco puede desconocerse que la respuesta del Estado durante la dictadura derivó en un terrorismo de Estado infinitamente más poderoso, sistemático y condenable, con desapariciones forzadas, torturas, asesinatos y persecuciones que marcaron para siempre la vida nacional. Una democracia madura debe ser capaz de condenar ambas violencias sin caer en relativismos ni justificaciones.

Pero existe otra verdad que tampoco debería molestarnos.

La democracia no consiste únicamente en votar. También exige aceptar el resultado de las decisiones populares, incluso cuando contradicen nuestras convicciones políticas. Ese principio constituye uno de los pilares esenciales de la convivencia republicana.

Uruguay ofreció un ejemplo contundente con la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. La ciudadanía fue convocada en dos oportunidades para pronunciarse sobre su vigencia: primero mediante el referéndum de 1989 y luego a través del plebiscito de 2009. En ambas ocasiones, el pueblo uruguayo decidió mantener la norma.

Sin embargo, lejos de dar por cerrado el debate desde el punto de vista político, continuaron impulsándose iniciativas para dejar sin efecto una decisión que había sido ratificada dos veces por la ciudadanía. Desde los restantes partidos del sistema político, muchos nunca terminaron de comprender por qué un sector que históricamente reivindica la participación popular encontró tantas dificultades para aceptar un pronunciamiento democrático cuando el resultado no coincidía con sus aspiraciones.

Hoy ocurre con asuntos que se canalizan a través de instancias como el denominado Diálogo Social. Nadie puede cuestionar el valor del intercambio de ideas ni la búsqueda de consensos. Pero sí resulta legítimo preguntarse si esos ámbitos son utilizados exclusivamente para escuchar a la sociedad o si, en determinados casos, terminan procurando construir una legitimidad política para propuestas que no han encontrado suficiente respaldo ciudadano por las vías tradicionales de la democracia representativa.

La democracia no puede convertirse en un mecanismo válido solamente cuando produce el resultado que cada sector desea. Si las urnas hablan, corresponde escucharlas. Si la ciudadanía se pronuncia, corresponde respetarla. Lo contrario significa debilitar la confianza en las propias instituciones que decimos defender.

Las palabras de Marco Rubio seguramente seguirán siendo objeto de discusión política. Algunos compartirán su análisis y otros lo rechazarán de plano. Pero la verdadera discusión no debería centrarse en quién recordó un episodio de nuestra historia, sino en nuestra capacidad para asumirla con honestidad intelectual.

Aceptar que existieron organizaciones armadas que recurrieron a la violencia política no disminuye la gravedad del terrorismo de Estado. Del mismo modo, reconocer que la voluntad popular debe respetarse aun cuando no favorezca a nuestras ideas tampoco debilita la democracia. Por el contrario, la fortalece.