Un año con desafíos para el gobierno, el país y su economía
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Por Jose Pedro Cardozo
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director@laprensa.com.uy
El año 2026 se inició con un clima de expectativas moderadas y preocupaciones persistentes, tanto en el plano económico, como en lo productivo y comercial. Lejos de los entusiasmos de los grandes ciclos expansivos, el escenario que esperan los empresarios es de una economía con algunas dificultades, arrastrando problemas estructurales que se repiten desde hace años y que, una vez más, condicionan las perspectivas de crecimiento.
La Encuesta de Evaluación y Perspectivas Empresariales de la revista Búsqueda volvió a poner en primer plano un diagnóstico conocido, pero no menos inquietante: la necesidad de mejorar la competitividad y reducir los costos de producción aparece como el principal desafío para el sector privado. No se trata de una demanda coyuntural ni oportunista, sino del reflejo de una erosión gradual y sostenida de la rentabilidad, que atraviesa a la industria, el agro y los servicios por igual.
El problema central radica en una estructura de costos internos persistentemente elevada, potenciada por un tipo de cambio que muchos consideran atrasado. Un peso sobrevaluado encarece la producción nacional en dólares, deja a empresas uruguayas fuera de los mercados internacionales y expone a otras a una competencia desigual frente a bienes y servicios importados. En 2025, el dólar cayó un 11%, mientras la inflación se ubicó levemente por encima del 4%, generando una brecha que golpea directamente la competitividad externa.
A este escenario macroeconómico se suma la debilidad del mercado interno. La “baja demanda” aparece reiteradamente en los planteos empresariales, asociada a un crecimiento económico modesto, a la inestabilidad internacional y a un contexto global marcado por tensiones comerciales. La incertidumbre por eventuales aranceles impulsados por el gobierno de Donald Trump agrega un factor adicional de preocupación, especialmente para un país pequeño y abierto, altamente dependiente de su inserción internacional.
Las previsiones para este 2026, reflejan este clima de cautela. Mientras el Ministerio de Economía y Finanzas proyecta un crecimiento del PBI del 2,2%, la mayoría de los empresarios se muestra menos optimista. Un 50% estima que la economía crecerá entre 1% y 2%, un 14% prevé un aumento de apenas 1%, y casi uno de cada cinco contempla escenarios de estancamiento o incluso retracción. El contraste entre el discurso oficial y la percepción del sector productivo vuelve a marcar una brecha que no es solo estadística, sino también de confianza.
En cuanto a las medidas prioritarias, el reclamo empresarial es claro y reiterado: bajar el costo del Estado, reducir el déficit fiscal, mejorar la seguridad pública y combatir la delincuencia y el narcotráfico. A ello se suman pedidos de incentivos a la inversión, mejoras en infraestructura, agilización de trámites, desregulación, mayor flexibilidad laboral, reducción de tarifas públicas y políticas activas de promoción del empleo. Nada nuevo, pero todo pendiente.
El punto crítico es que el margen de maniobra del gobierno parece limitado. El elevado déficit fiscal, el tamaño del Estado, los costos de la energía, la carga tributaria, el costo laboral y la burocracia conforman una trama difícil de desarmar sin generar tensiones políticas y sociales. Esta restricción no es exclusiva del actual gobierno: se arrastra desde administraciones anteriores, de distinto signo político, que tampoco lograron alterar sustancialmente el rumbo.
Así, 2026 se perfila como un año de continuidad más que de quiebre. Más allá de retoques, énfasis discursivos o medidas simbólicas, el propio empresariado parece haber asumido que los cambios profundos no están al alcance en el corto plazo. Predomina una suerte de resignación pragmática: seguir operando en un contexto adverso, apostando a que el tiempo o algún shock externo favorable permitan mejorar las condiciones.
El riesgo de esta inercia es claro. Sin avances reales en competitividad, productividad e inserción internacional, el país corre el peligro de consolidar un crecimiento bajo y frágil, insuficiente para generar empleo de calidad y sostener el bienestar. 2026 plantea, una vez más, el desafío de decidir si se acepta ese destino como inevitable o si se comienza, aunque sea gradualmente, a cambiar una pisada que hace demasiado tiempo viene marcando el mismo rumbo.
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