En los últimos días, la preocupación por la seguridad ha vuelto a ocupar el centro de la atención. Robos, rapiñas, asaltos a mano armada y actos de violencia cada vez más desmedidos nos recuerdan que la delincuencia no distingue edad, sexo ni condición social. El miedo se ha instalado en la rutina cotidiana, salir de noche, cerrar con doble llave, mirar dos veces antes de entrar al garaje o pensar antes de abrir la puerta.

El caso reciente de un empresario salteño que logró escapar de un posible crimen organizado, gracias a la oportuna intervención policial, encendió nuevamente las alarmas. Más allá de la anécdota puntual, la sensación general es que estamos caminando hacia escenarios que antes solo veíamos en películas o novelas policiales. Lo que resulta más inquietante es la normalización del miedo y la naturalización de la violencia, cada nuevo delito parece ser un capítulo más de una historia sin final.

Sin embargo, el Ministerio del Interior presentó cifras que muestran una reducción general del 5,3% en los delitos cometidos entre enero y setiembre de 2025. Según el informe oficial, los homicidios bajaron un 0,7%, las rapiñas un 12,3%, los hurtos un 8,1% y los delitos sexuales un 3,3%. Incluso los secuestros y las extorsiones descendieron de forma significativa. A simple vista, los números parecen alentadores. Pero en las calles, la percepción ciudadana cuenta otra historia.

¿Cómo se explica esta contradicción entre las estadísticas y lo que la gente siente a diario? Tal vez la respuesta esté en el tipo de delitos que más conmueven. Un robo violento o una rapiña a mano armada, aunque sean menos frecuentes, generan un impacto emocional mucho mayor que un hurto sin violencia.

En medio de este panorama, el senador colorado Gustavo Zubía ha sido una de las voces que se animan a decir lo que muchos piensan y pocos reconocen, el país padece una verdadera “pandemia en materia de delincuencia”. Lo dice desde la experiencia de quien ha trabajado dentro del sistema judicial y conoce sus fallas. Zubía advierte sobre la falta de medidas estructurales frente al aumento de homicidios, critica la debilidad de la justicia penal por las “negociaciones de penas” y cuestiona la Ley 19.580 por ser “jurídicamente desbalanceada”.

Las cifras oficiales pueden mostrar una baja general del 5% en los delitos, pero esa mejora no se traduce en la vida real. Las calles vacías a la noche, los vecinos se organizan en grupos de whatsapp por la vigilancia, y los comerciantes viven en alerta constante.

Por otro lado, no puede ignorarse que la violencia se ha vuelto más cruda. Ya no hablamos solo de robos, sino de actos donde la vida humana parece carecer de valor. En Salto, como en otros departamentos, se multiplican los casos en los que la delincuencia actúa sin temor, sin límites y con un grado de brutalidad que asusta. La presencia de armas, los ajustes de cuentas y la participación de menores en hechos delictivos son síntomas de una sociedad que ha perdido referentes y normas básicas.

Lo más preocupante es que los robos ya no se limitan a hogares o comercios, también alcanzan a instituciones públicas, escuelas y clubes deportivos, lugares donde se brinda educación a quienes mañana serán los adultos del país. Robar el bien común es robarle al futuro.

Todo aquel que roba o comete delitos debería ser responsabilizado de manera real. Una ley justa debería obligarlo a trabajar, a contribuir de alguna forma, ya sea limpiando calles, barriendo o plantando. Solo así podría comprender lo que cuesta ganarse la vida. ¿De qué sirve que muchos vayan a la cárcel para ser mantenidos por el Estado? Algunos hasta lo prefieren, tienen techo y comida asegurados. Falta enseñar el valor del esfuerzo y la dignidad del trabajo.

El problema, por tanto, no se resuelve únicamente con estadísticas o patrulleros. Requiere un abordaje integral que combine políticas de prevención, educación, oportunidades laborales y contención social. La represión sin alternativas solo posterga el problema. La seguridad es un derecho, pero también una responsabilidad de todos.

Que los datos del Ministerio del Interior reflejen o no la realidad, poco importa si la gente no se siente segura.