Declaraciones del senador, difundidas por La Prensa, generaron un inmediato rechazo social. En las últimas horas se han multiplicado las repercusiones a raíz de declaraciones realizadas por el senador nacionalista Sebastián Da Silva, quien sugirió públicamente que la población no pague las multas de tránsito aplicadas por el Sucive hasta que se instrumenten eventuales rebajas. La afirmación, recogida y publicada por diario La Prensa en su edición de ayer, fue acompañada por una frase que no pasó inadvertida: según el legislador, no pagar sería “una forma de pararse firme frente al avasallamiento del Estado”.

La expresión generó un inmediato debate público y encendió alertas en distintos ámbitos, particularmente en organizaciones vinculadas a la seguridad vial y a la defensa de las víctimas de siniestros de tránsito, que consideran que ese tipo de mensajes, emitidos desde lugares de poder institucional, pueden tener consecuencias graves.

Una voz que se alzó con rapidez

Entre las primeras reacciones se destacó la de la Red Nacional de Víctimas y Familiares de Siniestros de Tránsito, que a través de una de sus integrantes en Salto hizo llegar una extensa misiva a La Prensa, fijando una posición clara y contundente frente a lo expresado por el senador. En el texto, la organización manifiesta su profunda preocupación por lo que consideran un llamado a la desobediencia de las leyes y normas vigentes, precisamente por parte de quienes tienen la responsabilidad de legislar y velar por su cumplimiento. “Figuras públicas como los representantes de la Cámara Legislativa aprueban leyes y normas que luego, según conveniencia política, se llaman a no cumplir, sin visualizar las consecuencias que esto provoca en perjuicio de toda la población”, señala la carta.

Las normas como conquista social

La Red hace especial énfasis en que las normativas de tránsito no son arbitrarias ni caprichosas, sino el resultado de años de trabajo, lucha y consenso social orientados a mejorar la convivencia vial y reducir la siniestralidad. En ese sentido, advierten que desconocerlas o incentivar su incumplimiento implica ir en contra del respeto por la vida.

“Las leyes y normas son herramientas fundamentales para generar conciencia, respeto y responsabilidad al momento de conducir”, expresan, recordando que a diario en Uruguay una persona pierde la vida en un siniestro de tránsito y muchas otras quedan con secuelas permanentes o transitorias, con un impacto directo también en sus familias y en el propio Estado.

Un mensaje que puede costar vidas

La misiva enviada a La Prensa subraya además que cuando se relativiza el cumplimiento de las sanciones, se debilita uno de los pocos mecanismos que existen para que los infractores asuman las consecuencias de sus actos. Las multas, sostienen, no solo cumplen una función recaudatoria, sino fundamentalmente educativa y preventiva. Desde la Red se advierte que el Estado luego debe hacerse cargo de las víctimas y de sus familias, muchas veces empujadas a situaciones de extrema vulnerabilidad económica y social. Por eso, remarcan que evadir sanciones no es un acto de rebeldía, sino una irresponsabilidad colectiva.

“Respetar las normas salva vidas”

La carta concluye con un mensaje claro y directo, que la organización quiso visibilizar a través de La Prensa: como ciudadanos y como colectivo de víctimas y familiares, instan al respeto irrestricto de las leyes y normas de tránsito existentes en el país. “Respetar las normativas salva vidas”, enfatizan, reclamando que quienes las evaden paguen por las faltas cometidas. Una vez más, el debate pone sobre la mesa el peso de las palabras cuando provienen de referentes políticos, y el rol de los medios de comunicación —en este caso La Prensa— como espacio fundamental para reflejar, contextualizar y amplificar las voces de la sociedad civil frente a temas que atraviesan la vida cotidiana y, en este caso, la vida misma.