Por estas horas llegó a la Redacción de La Prensa, bajo el título “Docentes denuncian arbitrariedades y amenazas por parte de autoridades del centro educativo”, la nota que a continuación se transcribe. Antes, vale decir que una vez recibida la denuncia, este vespertino se comunicó con la Dirección del centro educativo, pero no se obtuvo declaraciones, salvo que no se tenía conocimiento de la situación planteada.

La nota recibida:

Docentes del centro UTU Salto – María Espínola han presentado un reclamo formal ante la dirección del centro educativo, expresando su malestar por disposiciones que consideran arbitrarias e irregulares. Lejos de atender las demandas con diálogo, la directora del centro optó por lanzar advertencias, insinuando que aquellos docentes que no acaten sus disposiciones podrían recibir informes negativos a fin de año.

Los docentes afectados son aquellos que descargaron grupos para cumplir funciones vinculadas a la práctica docente, así como tareas de apoyo administrativo y acompañamiento pedagógico. Sin embargo, han sido obligados por la directora y la coordinadora de enseñanza a cubrir grupos sin docentes, sin importar el nivel o la materia, como si fueran “docentes retén”, figura inexistente en la normativa de la educación media uruguaya.

Esta práctica vulnera el derecho a condiciones laborales claras y previsibles, establecidos en el Estatuto del Funcionario Docente (Decreto-Ley Nº 14.101), el cual garantiza el respeto a la asignación de funciones conforme a la elección de horas y al perfil de cargo. Al imponer nuevas tareas que no fueron acordadas en el acto de elección de horas, se está innovando de forma unilateral en las condiciones de trabajo, desconociendo lo establecido institucionalmente.

Además, mediante un grupo de WhatsApp creado por las autoridades, se informa a diario qué grupos están sin docente, y se exhorta a los profesores, aunque no tengan horas en ese nivel ni afinidad disciplinar con el grupo, a ingresar al aula y “entretener a los alumnos”. Esta función, que corresponde en realidad a los adscriptores, no está siendo asumida por estos funcionarios.

La frase "El que quiera que acate y el que no, que se atenga a los informes", pronunciada por la directora según relatan los docentes, ha generado un clima de tensión y amenaza incompatible con los principios de una gestión educativa basada en el respeto y la cooperación.

Los hechos denunciados contravienen además lo establecido por la Ley Nº 18.508 de Negociación Colectiva en el Sector Público, que establece la obligación de negociar colectivamente cualquier cambio en las condiciones de trabajo, así como el deber de las autoridades de garantizar un ambiente laboral libre de coerciones y represalias.