En una reunión realizada en el Complejo Arambarri, representantes del sector aseguraron que no se oponen a los controles, sino a un sistema que consideran fuera del marco legal. En la noche de este lunes, y con Diario La Prensa como único medio de comunicación presente, transportistas de distintas zonas se reunieron en el Complejo Arambarri, ubicado en la zona de Tropezón, para analizar la implementación del nuevo sistema de guía de carga y expresar sus preocupaciones sobre su funcionamiento. Durante el encuentro, la contadora Patricia Perman, asesora del sector, explicó los motivos por los cuales varios transportistas entienden que el actual sistema presenta problemas legales y por qué están trabajando en un proyecto de ley que busca modificar la situación.

"No estamos en contra de los controles"

Perman dejó en claro que el planteo de los transportistas no apunta a eliminar los controles del Estado. "Nosotros no tenemos ningún problema con los controles. Lo que cuestionamos es un control que entendemos que no fue creado de la forma que establece la ley", señaló. Según explicó, la guía de carga fue creada por ley en el año 2001 como un formulario en papel donde se registraban datos del transporte, como quién envía la mercadería, quién la recibe, el tipo de carga, el recorrido y otros datos básicos.

El principal cuestionamiento apunta al sistema digital

La contadora recordó que en 2013 esa guía pasó al formato digital, algo que consideran correcto. Sin embargo, sostuvo que además de digitalizar el documento se creó un sistema informático con una gran cantidad de datos interconectados. A su entender, ese cambio no fue autorizado por la ley original y fue establecido únicamente mediante un decreto. "Una cosa es digitalizar un formulario y otra muy distinta es crear un sistema completo que permita relacionar y procesar toda esa información", explicó.

Reclaman mayor protección para los datos

Otro de los puntos planteados durante la reunión fue el manejo de la información que los transportistas entregan al Estado. Perman dijo que la modernización y el uso de la tecnología son positivos, pero entiende que también deben existir garantías claras sobre cómo se utilizarán esos datos y qué mecanismos de defensa tendrán los ciudadanos si esa información termina siendo utilizada para aplicar sanciones. Además, sostuvo que mientras los organismos públicos incorporan cada vez más herramientas tecnológicas para controlar, los mecanismos de defensa de los particulares prácticamente no han cambiado.

Buscan que el tema pase por el Parlamento

La asesora explicó que el sector está trabajando en un proyecto de ley para que cualquier sistema de estas características sea debatido y aprobado por el Parlamento. Afirmó que la principal diferencia está en que una decisión de este tipo no debería quedar únicamente en manos de un decreto firmado por el Poder Ejecutivo. "Cuando la Constitución establece que determinados temas deben aprobarse por ley, creemos que ese procedimiento debe respetarse porque forma parte de las garantías democráticas", expresó.

La guía aún no es obligatoria

Consultada sobre la situación actual, Patricia Perman señaló que el formulario digital ya puede completarse, aunque aclaró que por el momento no es obligatorio hacerlo. Indicó además que el sector continúa esperando la respuesta del Ministerio de Transporte a un documento con 41 preguntas relacionadas con la legalidad del sistema y su funcionamiento. Mientras tanto, los transportistas seguirán analizando los pasos a seguir y promoviendo el proyecto de ley con el objetivo de que el tema sea discutido en el Parlamento antes de una eventual aplicación obligatoria del nuevo sistema.