El Tribunal Oral Federal 2 ordenó avanzar con el decomiso de bienes de Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y el empresario patagónico Lázaro Báez para cubrir los casi 685.000 millones de pesos, por los que deben responder todos los condenados en la causa Vialidad, por la que la expresidenta cumple una pena en su casa a seis años de prisión. En total, la medida alcanza a más de 80 propiedades de Báez y sus empresas; un terreno en Santa Cruz de la expresidenta de poco más de 6.000 metros cuadrados y una veintena de inmuebles que fueron cedidos en su momento a Máximo y Florencia Kirchner, que según la Justicia el origen de esos bienes están relacionados con el fraude al Estado que se juzgó en la causa.

Los fiscales del juicio, habían elaborado a pedido del tribunal una lista en la que identificaban más de 140 bienes “decomisables” que habían sido adquiridos por los condenados entre 2003 y 2015.

La ejecución de la pena por Vialidad, que incluyó la prisión domiciliaria de la ex presidenta, comenzó a correr desde que la Corte Suprema dejó firme en junio de este año la sentencia emitida por el tribunal en diciembre de 2022.

El plazo para que los condenados respondieran en conjunto y de “forma solidaria” por el monto actualizado que dispuso el tribunal venció el pasado 13 de agosto. Pero el decomiso de los bienes, sin embargo, quedó empantanado en plazos y presentaciones de las partes.