La alta representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, calificó como “inaceptable” la represión ejercida por las autoridades iraníes contra los manifestantes, subrayando que “cortar el acceso a internet mientras se reprimen violentamente las protestas deja al descubierto a un régimen que teme a su propio pueblo”. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó a investigar de manera “rápida, independiente y transparente” las muertes registradas durante las protestas, señalando que “el derecho a la protesta pacífica, consagrado en el derecho internacional, debe protegerse” y que “los responsables de cualquier violación deben rendir cuentas de conformidad con las normas y estándares internacionales”, según un comunicado difundido por su oficina.

Las declaraciones de Kallas y Türk llegaron luego de que la ONG Iran Human Rights confirmara que al menos 51 personas han muerto, incluyendo nueve menores de edad, durante las manifestaciones antigubernamentales que han estallado en distintos puntos de Irán debido al deterioro de la situación económica y energética.

“El apagón de Internet recuerda la sangrienta represión de las protestas de noviembre de 2019 en las que cientos de manifestantes fueron asesinados. En los últimos trece días, el uso de la fuerza por parte del Gobierno contra los manifestantes ha ido en aumento”, ha dicho en un comunicado el director de la ONG, Mahmud Amiri-Moghaddam.

Por parte de las autoridades iraníes, el líder supremo, Ali Khamenei, reiteró en un discurso televisado que la República Islámica “no dará marcha atrás ante los vándalos”, acusando a los participantes en las protestas de actuar en favor de grupos opositores en el exilio y del gobierno de Estados Unidos. El fiscal público de Teherán advirtió que quienes sean hallados responsables de sabotaje, quema de bienes públicos o enfrentamientos con las fuerzas de seguridad podrían enfrentar la pena de muerte. El presidente Masoud Pezeshkian había solicitado previamente un abordaje “amable y responsable” ante la situación, mientras que el gobierno ofreció incentivos financieros limitados para paliar el empobrecimiento derivado de la inflación.