Interna caldeada en el FA por NO al plebiscito del PIT-CNT /
PCU considera que se fue más allá de la “libertad de acción”
El Partido Comunista planteará hoy en el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio (FA) su preocupación por la salida pública del grupo “Frenteamplistas por el No al plebiscito de la seguridad social”, un conjunto de 112 profesionales y militantes que armó una página web y publicó un documento con cuestionamientos a la reforma constitucional impulsada por el PIT CNT. Juan Castillo, secretario general del Partido Comunista, confirmó que el comité ejecutivo de su sector analizó el tema el pasado viernes y concluyó que el accionar del grupo "fue más allá" de la libertad de acción definida por el FA y quebró "determinados criterios" previstos en aquella resolución. La clave está en lo que allí se estableció en cuanto a cómo "defender públicamente las legítimas posiciones" ya que lo mandato por la dirección frenteamplista fue que se evitara "la atribución de intenciones” que pusieran “a compañeros de la fuerza política o a las organizaciones sociales en contraposición a los principios y valores que enmarcan el proyecto político" de la coalición de izquierdas.
La dura advertencia
El grupo cuestionador, como ya informáramos, integrado, entre otros, por varios referentes económicos del Frente Amplio, como: Mario Bergara, Gabriel Oddone, Martín Vallcorba, Fernando Lorenzo o Álvaro García, quienes aseguran que, de aprobarse, la reforma “tendría consecuencias injustas y regresivas, y generaría enormes riesgos para la economía uruguaya”. Al planteo de equiparar las jubilaciones mínimas al salario mínimo nacional, sostiene que "termina castigando" a los trabajadores de menores ingresos "por su efecto sobre el salario mínimo nacional", porque se pone en la Constitución "una referencia a una variable cuyo valor es fijado discrecionalmente por el gobierno de turno". En este sentido, consideran posible que un gobierno decida no aumentar el salario mínimo nacional para no tener que aumentar el gasto en jubilaciones y pensiones. El grupo estima que esta medida tendría un costo de US$ 1.500 millones al año y no solo US$ 400 calculados por el PIT-CNT.