Ayer, Cristina Lustemberg, ministra de Salud Pública, defendió en rueda de prensa desarrollada en el Parlamento la ley votada el martes en el Parlamento que beneficia al Casmu. “Tenemos que garantizar con un marco legislativo y normativo que las personas tengan las máximas condiciones y se fortalezca el rol rector del Ministerio de Salud”, dijo la ministra, que señaló que esta normativa es distinta a la Ley de Concursos. Argumentó que “No es lo mismo gestionar una institución de asistencia médica colectiva que otras instituciones en ese marco”.

Además, comparó la situación de Casmu con la de Casa de Galicia, y recordó a “todas esas familias que ese 23 de diciembre, cuando se determinó el cierre”! no sabían dónde iban a ir sus familiares internados, o a los funcionarios de la institución, que quedaron sin trabajo de un día para el otro. La ley aprobada, sostuvo, “refuerza el rol del Ministerio de Salud Pública como rectoría ante una situación, y previene ante cualquier situación de riesgo”.

Por su parte, Gabriela Pradere, presidenta de la Junta Nacional de la Salud (Junasa), explicó que se viene trabajando de forma “muy cercana” con los nuevos interventores de la institución “para darle garantías a la población de que la salud de quienes hoy son afiliados a Casmu está garantizada.

“Estamos trabajando en conjunto con la institución y con todos los actores que la integran en ver cuál es la mejor salida para que el Casmu sea sostenible porque es un prestador muy importante para nuestro sistema de salud”, agregó Pradere, que manifestó que existe una caída de afiliados en la institución que no difiere de su trayectoria histórica. Esta, dijo, “forma parte del problema del Casmu que su padrón de afiliados viene cayendo a lo largo de los años y estamos trabajando para que esa caída se revierta”.