La confirmación, por parte del Tribunal de Apelaciones, de la formalización del ex senador del MPP Charles Carrera no es solo un episodio más en un expediente judicial que lleva más de una década. Es, ante todo, un reflejo de cómo la política uruguaya suele atrincherarse cuando uno de los suyos es señalado por la Justicia. Y lo hace con un discurso ya conocido: “persecución política”, “causa armada”, “ataque a la democracia”. Palabras que buscan desviar la atención de lo esencial: aquí se investigan presuntas irregularidades cometidas desde el poder, con recursos públicos y en perjuicio de la confianza ciudadana.