La confirmación, por parte del Tribunal de Apelaciones, de la formalización del ex senador del MPP Charles Carrera no es solo un episodio más en un expediente judicial que lleva más de una década. Es, ante todo, un reflejo de cómo la política uruguaya suele atrincherarse cuando uno de los suyos es señalado por la Justicia. Y lo hace con un discurso ya conocido: “persecución política”, “causa armada”, “ataque a la democracia”. Palabras que buscan desviar la atención de lo esencial: aquí se investigan presuntas irregularidades cometidas desde el poder, con recursos públicos y en perjuicio de la confianza ciudadana.

Un proceso con demasiadas excusas

Desde que en setiembre de 2024 se pidió el desafuero de Carrera, la estrategia de defensa del ex senador ha sido clara: victimizarse y presentar a la Fiscalía como un brazo político del gobierno de turno. Lo curioso es que la resolución del Tribunal de Apelaciones fue unánime, lo que despeja cualquier duda sobre un supuesto sesgo partidario en la actuación judicial. Si todos los jueces que revisaron el caso coincidieron en mantener la imputación, ¿hasta qué punto tiene sustento la teoría de la persecución?

El trasfondo que no puede olvidarse

La investigación comenzó en 2012 con el disparo que hirió a Víctor Hernández en La Paloma. La Justicia nunca determinó quién apretó el gatillo, pero sí que hubo favores indebidos en la atención médica en el Hospital Policial y en el cobro irregular de beneficios. Ese es el núcleo del asunto. No se trata de un error administrativo menor, sino de un entramado que combina abuso de poder, encubrimiento y utilización de influencias.

El choque entre la política y la Justicia

Las medidas cautelares pedidas por la fiscal Sandra Fleitas —prisión domiciliaria y restricción de declaraciones públicas— fueron rechazadas, pero no por falta de fundamentos, sino por criterios de la jueza de Crimen Organizado. Carrera, en lugar de responder en el plano jurídico, eligió el mediático: acusó al exministro Luis Alberto Heber de armar la causa. Una estrategia que busca deslegitimar a la investigación en su conjunto. Este tipo de discursos, que reducen todo a una guerra de bandos, minan la confianza en la Justicia y contribuyen a que la ciudadanía perciba que los políticos tienen un tratamiento distinto al del ciudadano común.

Un problema que trasciende a Carrera

Lo más grave es que el caso se ha transformado en un espejo incómodo para el Frente Amplio. Cada defensa cerrada a Carrera no solo suena a corporativismo, sino que recuerda que en la política uruguaya todavía cuesta asumir responsabilidades individuales. Lo que debería ser un debate sobre la transparencia termina siendo un alegato sobre conspiraciones.