Esta semana el intendente de Salto, Carlos Albisu, brindó una conferencia muy significativa. Él mismo, de forma personal y directa, anunció los ceses de trabajadores municipales. Fue un momento doloroso, lo reconoció el propio intendente, que incluso expresó que evaluará los casos más vulnerables, como madres embarazadas o personas con situaciones difíciles. En su mensaje planteó que un 25% de los cesados podría regresar bajo otra modalidad laboral. Ese gesto fue recibido como un acto de sensibilidad en medio de una medida que, inevitablemente, golpea a familias trabajadoras.

Lo vivido nos recuerda a lo sucedido en agosto de 2015, cuando el entonces intendente Andrés Lima, del Frente Amplio, también anunció el cese de funcionarios. En ese momento fueron 241 trabajadores. En la prensa, Lima sostuvo que “reclamen al vicepresidente, al presidente o al Papa Francisco, pero la decisión del intendente es el cese”. Dos tiempos distintos, dos gobiernos diferentes, Coalición Republicana ahora y Frente Amplio antes, pero la misma realidad: trabajadores perdiendo su sustento.

En 2015, la resolución de Lima se justificó en la situación económica y financiera de la Intendencia, con una deuda de 600 millones de pesos. Hoy, bajo la administración de Albisu, la deuda alcanza los 2.200 millones. Entonces, ¿cuál de las dos gestiones enfrentaba una crisis más grave? La pregunta es válida y necesaria.

En medio de esas cifras, Albisu ofreció un 25% de retorno en condiciones especiales. Y aquí surge una reflexión: si hoy se abre esa puerta de solidaridad, ¿no debería también contemplarse una reparación para los cesados de 2015? Al menos un 12,5%, en un acto de justicia con quienes no tuvieron ninguna defensa.

Aquellos trabajadores de 2015 quedaron en la total indefensión. No recibieron respaldo del Secretariado del PIT-CNT, que hoy sí llega a Salto a manifestarse. Tampoco tuvieron apoyo del Frente Amplio, un partido que se autodefine como defensor de los trabajadores, ni de la Federación de Municipales. Peor aún, el sindicato de Adeoms Salto se alineó en ese entonces con el intendente Lima, olvidando su obligación de defender a sus propios afiliados. Así, los 241 cesados quedaron desamparados, discriminados y marcados, muchos de ellos por pensar distinto.

Hoy vemos que la decisión de Albisu, aunque dolorosa, generó un nivel de aceptación y apoyo pocas veces visto hacia un intendente. En medios locales y nacionales se multiplicaron las muestras de respaldo a su actitud. Ese mismo apoyo ciudadano debería servir para ir más allá: reparar parte del daño causado en 2015. Porque la justicia social no puede ser selectiva ni depender del color político de quien gobierne. La oportunidad está planteada. Si se estudian caso por caso para un retorno parcial ahora, también deberían revisarse los expedientes de quienes fueron cesados en 2015 y jamás tuvieron la oportunidad de defenderse.

Los ceses en la Intendencia de Salto no son un hecho aislado. Son una herida abierta que se repite con distintos protagonistas políticos pero con el mismo resultado: familias afectadas, sueños truncados y trabajadores usados como variable de ajuste. El gesto de Albisu abre una puerta. Y sería un acto de verdadera grandeza que esa puerta también se abriera para los olvidados del 2015. Porque la dignidad del trabajador no puede ser moneda de cambio ni quedar a merced de la política del momento.