
Caso de los 291 municipales cesados /
El martes audiencia en el MTSS y en octubre al Senado
El conflicto generado por el cese de 291 funcionarios de la Intendencia de Salto continúa sumando capítulos. Una de las últimas novedades es la convocatoria a una audiencia especial en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), solicitada por la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Salto (Adeoms). La reunión se realizará el próximo martes 30 al mediodía, en Montevideo, en el sector de “Públicos”. Fuentes del equipo jurídico de la Intendencia confirmaron la citación, que se enmarca en la negociación entre la administración Albisu y el sindicato municipal.
Si bien el tema central será el de los 291 ceses, desde la comuna se adelantó que también se abordarán otros asuntos vinculados al personal municipal. En particular, se analizará la situación de cientos de trabajadores que fueron recalificados y ascendidos en los últimos años, procesos que —según señalan las autoridades— deben revisarse caso por caso, siempre garantizando el derecho de los funcionarios.
Citación al Senado en octubre
En paralelo, el próximo 9 de octubre el intendente Carlos Albisu concurrirá a la Comisión de Trabajo del Senado, acompañado de su equipo jurídico. La convocatoria busca que la administración departamental exponga directamente las razones legales que fundamentaron la decisión de despedir a los 291 trabajadores. Albisu argumentará que el convenio que amparaba a estos funcionarios se concretó en año electoral y presentaba “otras irregularidades”, lo que, a juicio de la comuna, justifica la medida adoptada.
Recursos en trámite
Mientras tanto, los trabajadores cesados disponen de un plazo de 10 días para presentar recursos contra la decisión. Cada gestión debe hacerse en forma individual. La Intendencia, por su parte, cuenta con un plazo legal de hasta 150 días para expedirse sobre los reclamos que se formalicen. Finalmente, se recordó que la definición sobre la validez o no de los despidos quedará en manos del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que será quien resuelva en última instancia sobre la legalidad de la medida.
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