La destitución de 291 funcionarios municipales en Salto generó un clima político y sindical tenso. El gremio ADEOMS reaccionó con protestas que, según la entrevistada María de los Ángeles Márquez, se tornaron violentas, un hecho que sorprendió a algunos pero que, para ella, “no fue nada sorpresivo”.

Márquez recordó que en 2015, cuando fueron cesados 252 trabajadores entre ellos su propio esposo, el sindicato no defendió a los afectados por tratarse de colorados. En contraste, en esta ocasión los cesados serían en su mayoría frenteamplistas, lo que, a su juicio, explica el cambio de postura del gremio.

Contrataciones en año electoral

La ex presidenta de la Junta Departamental sostuvo que las designaciones ahora cuestionadas se hicieron en un año electoral, lo que considera ilegal. A diferencia de los ceses anteriores, explicó, muchos de los actuales funcionarios tenían apenas meses en el cargo y habrían sido incorporados como “punteros políticos” para fortalecer al Frente Amplio. “Cuando lo hago de manera ilegal, después no puedo reclamar”, afirmó, defendiendo la decisión de la Intendencia como un acto de justicia basado en informes jurídicos.

Críticas a la violencia sindical y política

Márquez cuestionó duramente la actitud del gremio y denunció daños a maquinaria y servicios municipales durante las protestas. También señaló a ediles frenteamplistas que, según dijo, “incitan a la violencia” al participar en acciones de hostigamiento contra autoridades y funcionarias. Si bien reconoció que “quedar sin trabajo es triste siempre”, rechazó que exista un espíritu de revanchismo en las destituciones. Aseguró que el discurso sindical de odio hacia el gobierno municipal es “una mentira” y pidió que las diferencias se canalicen con respeto y sin violencia.