En la madrugada del pasado domingo, alguien lanzó una granada y disparó contra la casa de la Fiscal de Corte Mónica Ferrero. No fue un hecho aislado: fue una advertencia. No solo a una funcionaria o a su familia, sino a todo el Estado y a la sociedad que todavía cree en la vigencia de la ley. El estruendo que rompió vidrios y alteró la paz vecinal desnudó una verdad incómoda: los carteles y las organizaciones narco que operan en nuestro país desafían al conflicto directo con la institucionalidad. 

En las horas siguientes, las autoridades buscaron poner calma con palabras rotundas —“no nos moverán ni un centímetro”, dijo el ministro del Interior— y con la promesa de detenciones y respuestas penales. Es necesario que esas palabras se sostengan en acciones concretas y sostenidas, porque la retórica que suena bien en los micrófonos no desactiva, por sí sola, la capacidad de fuego, la logística y la impunidad parcial con que actúan estas redes. 

No podemos ignorar los patrones. Las coincidencias en objetivos y armamento con atentados previos y la vinculación investigativa a agrupaciones identificadas —los Albín, en la reciente línea de investigación— no aparecen por azar. Traslados masivos de droga, enterraderos, logística compleja y enormes cargamentos incautados en operaciones como la de Punta Espinillo —más de 2.200 kilos de cocaína— son parte de la misma película: poder económico, capacidad de violencia y un voluntarismo criminal que responde con armas cuando se siente acorralado. 

La respuesta del Estado debe ser fuerte y simultánea: inteligencia, justicia y prevención social. Inteligencia eficaz para desbaratar las tramas financieras y logísticas, cooperación internacional para seguir el rastro del dinero y las rutas; justicia rápida y transparente para que las detenciones no queden en titulares y desaparezcan en procesos lentos e ineficaces; prevención para contener el caldo de cultivo social que alimenta la demanda y la incorporación de jóvenes al delito. Nada de esto es nuevo en el papel; la cuestión es hacerlo sin pausas ni concesiones que terminen por regalar espacios de poder a quienes prometen “soluciones” mediante el terror.

También exige coraje político. No hay margen para equidistancias ingenuas ni para revolcones partidarios: cuando una fiscal es atacada, la República está en la mira. La unidad institucional no debe ser una frase: debe traducirse en recursos, prioridades y, sobre todo, en independencia judicial para que los procesos no se fracturen frente a las presiones. 

Finalmente, la sociedad tiene que ver esto con claridad: la democracia no está amenazada por la crítica o la protesta, sino por quienes creen que el dinero del narcotráfico les da derecho a decidir entre la vida y la muerte. Si permitimos que el miedo dicte la agenda, habremos perdido mucho más que una fiscalía. Es hora de que el Estado diga menos consignas y muestre más resultados; que la política ejerza liderazgo sin concesiones y que la comunidad —vecinos, medios, organizaciones sociales— no naturalice la violencia como un “costo” inevitable. Porque lo que ocurrió en la casa de Ferrero fue un aviso: el narco ya tocó nuestra puerta. Respondamos con el Estado entero, no con palabras.