El acuerdo logrado entre el gobierno y el sindicato de funcionarios públicos sobre el régimen de licencias médicas constituye un retroceso costoso e injusto para la sociedad uruguaya. Se lo ha presentado como un triunfo del diálogo y la negociación colectiva, pero en realidad es una derrota silenciosa para el conjunto de los ciudadanos, que son quienes deberán financiar este nuevo privilegio corporativo.

El asunto no es complejo de entender: mientras un trabajador del sector privado que se enferma recibe recién al cuarto día un subsidio equivalente al 70% de su salario, el funcionario estatal goza de condiciones mucho más ventajosas. Hasta la reforma impulsada en el período pasado, podía certificarse sin límite de días cobrando el 100% de su sueldo. El cambio introducido entonces estableció que hasta nueve días continuos de licencia serían remunerados de forma íntegra, para luego aplicarse descuentos.

Ese pequeño avance, que buscaba acercar las reglas del sector público a las del privado y corregir una de las desigualdades del sistema, ha sido ahora desandado. El nuevo acuerdo extiende de nueve a doce los días cubiertos al 100% y, además, amplía la lista de enfermedades consideradas “sin descuento”. El impacto económico será enorme: solo en la ANEP, la exministra Arbeleche advirtió que el gasto en certificaciones médicas supera los 100 millones de dólares anuales. En varias intendencias, como la de Rocha, las medidas correctivas habían reducido a la mitad las licencias médicas, demostrando que el problema no era de salud, sino de abuso.

Nadie discute que la enfermedad real debe ser protegida. El problema es el “carnaval” de certificaciones que ha caracterizado históricamente al sector público. Días hábilmente pegados a fines de semana largos, ausencias en épocas estratégicas, certificados médicos de dudosa seriedad: todo esto configura un sistema que no solo erosiona las arcas públicas, sino también la confianza ciudadana en la justicia del Estado. Mientras el trabajador privado se ajusta el cinturón y sufre descuentos al enfermarse, el empleado público puede ausentarse sin consecuencias.

¿Cómo se explica que el Frente Amplio, que pregona justicia y equidad, defienda un régimen que consagra una desigualdad flagrante entre trabajadores? La única respuesta posible es la política partidaria más cruda. Los 300 mil empleados públicos constituyen un electorado crucial y, una vez más, se ha optado por cuidar al “bastión” electoral antes que al país entero.

No se trata solo de un error político: es un error económico mayúsculo. El gobierno actual era el principal beneficiado de la reforma heredada, pues los ahorros multimillonarios le permitirían destinar recursos a políticas sociales, infraestructura o seguridad. Al desandar ese camino, el Frente Amplio no solo compromete las finanzas estatales, sino que se auto-perjudica. Lo hace por cálculo electoral, con una miopía que pasará factura a todos.

Por otro lado: si el régimen de licencias de los públicos es tan justo y beneficioso, ¿por qué no se aplica también a los privados? La respuesta es obvia: porque el Banco de Previsión Social colapsaría de inmediato. Lo que resulta inviable para el país entero no puede ser aceptable para un grupo específico solo porque tiene capacidad de presión sindical.

En definitiva, lo aprobado esta semana no es más que la ratificación de un privilegio injustificable, que perpetúa desigualdades y erosiona los principios básicos de equidad que deberían regir en un Estado moderno. Uruguay no puede seguir sosteniendo con recursos de todos a unos pocos que disfrutan de beneficios que el resto jamás tendrá.

Queda lamentablemente claro, que la enfermedad del Estado es la corporativización, y que lo peor es gobernar pensando en votos antes que en ciudadanos.