El infierno huele a plástico quemado en lugar de azufre. Es un aroma metálico y químico, crudo, que no encuentra descanso ni siquiera cuando se enfrenta al hedor de los caños desbordados de aguas servidas. Las ráfagas, en plena ola de frío al oeste de Montevideo, no hacen más que irradiar el tufo (y las bajas temperaturas) a las tres plantas del módulo 11 del ex Comcar. Un letrero en la puerta da la bienvenida: Instituto Nacional de Rehabilitación. Parece un chiste de mal gusto.

Es miércoles 25 de junio se prendió —o prendieron— fuego una celda al final del pasillo de la planta baja. Murieron cuatro personas. La llama bajó, la tensión no.

Así describía el cronista de El Observador la realidad del tenebroso módulo 11 del ex Comcar.
El 24 de diciembre pasado, durante la visita de Navidad en el mismo módulo y ante la mirada de niños y familiares que se encontraban en esa oportunidad, se desató una pelea entre reclusos y uno de ellos fue asesinado con un corte carcelario. Tal vez uno de los niños que estaba presente era su hijo. No lo sé, pero pudo haber pasado.

Esa realidad carcelaria del Instituto Nacional de Rehabilitación representa una de las peores caras de nuestro país, junto a los centros de rehabilitación para enfermos mentales —que mejor ni mencionar en el estado en que se encuentran—. Ellos no pueden manifestarlo, y si lo cuentan, es tomado como parte de su locura. A ello se suma la gente en situación de calle, muchos de ellos ex convictos que terminaron de “rehabilitarse” en el módulo 11.

Esta escalofriante realidad debe ser atendida, pero lleva décadas sin solucionarse. Por el contrario, año tras año se agrava. Pasaron todos los gobiernos y ninguno la solucionó. ¿Por qué será? Creo que la respuesta es que no son centros de interés: no existe presión ni de los reclusos, ni de sus familiares, mucho menos de aquellos que padecen enfermedades mentales o de las personas en situación de calle, que en su mayoría pertenecen a los dos grupos anteriores.

No puede justificarse que lo que está fallando se deba a una falta de recursos. Recursos siempre hubo. Muchos de ellos se perdieron por negocios del Estado. Ejemplos de ello podemos encontrarlos en ANCAP, Gas Sayago, PLUNA. Las pérdidas fueron millonarias. Si hubiera habido sensibilidad con estos grupos marginados, la solución, en gran medida, estaría superada. Es cuestión de números. ¿Cuántos millones de dólares cuesta la construcción de un nuevo módulo que elimine el infierno terrenal que es el módulo 11? Puedo afirmar que el costo sería inferior a los treinta y seis millones de dólares que costó la estancia suntuosa que compró el I.N.C.
Hoy, la idea de Jorge Díaz para paliar estos problemas es la creación de un Ministerio de Justicia. Según él, este ministerio garantizará el acceso a la justicia. Y yo le preguntaría a Díaz: ¿qué justicia? Seguro que no será la justicia para los eternos olvidados.