Durante la última campaña electoral, el FA fue categórico. No hubo matices ni zonas grises: si accedían al gobierno, no iban a aumentar los impuestos. No fue una frase lanzada al pasar ni un exceso retórico del fragor electoral. Fue una promesa reiterada, repetida en actos, entrevistas y debates. Y fue el propio Orsi, hoy Presidente, quien la sostuvo una y otra vez mirando a los uruguayos a los ojos.

Sin embargo, bastó el transcurso de diez meses de gobierno para que esa promesa se hiciera añicos. Como si la memoria colectiva fuera frágil o la palabra empeñada tuviera fecha de vencimiento, comenzaron a anunciarse medidas que implican un aumento claro y sostenido de la carga impositiva sobre los uruguayos. Y no sobre todos los uruguayos, lamentablemente esa carga la soportan los trabajadores.

El ejemplo más evidente es la decisión de gravar con IRPF las rentas obtenidas en el exterior por residentes fiscales en Uruguay. Una medida que podrá discutirse desde el punto de vista técnico, pero que resulta imposible de conciliar con aquella promesa tan enfática de “no subir impuestos”.

A esto se suma el incremento de tarifas públicas, siempre presentado con eufemismos, pero que golpea directo al bolsillo de las familias. Porque cuando sube la luz, el agua o el teléfono, no paga más “el que tiene más”: paga todo el mundo, y especialmente el que llega con lo justo a fin de mes.

Y si lo anterior no es suficiente, recibimos la noticia de que Orsi, firmó un Decreto que reduce el porcentaje de descuento por IMESI que beneficia a los departamentos del litoral, fronterizos con Argentina y Brasil. El porcentaje de descuento pasa de un 35% a un 28%. El afán recaudatorio del estado no tiene límites, a tal punto, que están dispuestos a romper promesas y mentir descaradamente.

Pero quizás el caso más indignante sea la modificación en el régimen de devolución de lo descontado por FONASA. Durante años se sostuvo un mecanismo que permitía una cierta compensación a trabajadores de ingresos medios y bajos. Con la reforma impulsada por Orsi, ese universo se achica drásticamente. Los beneficiarios pasan de ser más de 150.000 a menos de 82.000 personas. ¿El resultado? Menos gente recibe la devolución y quienes la reciben, en promedio, tienen ingresos más altos.

Es aquí donde la mentira se vuelve más cruel. Porque el FA insiste en que su objetivo es “que pague más el que tiene más”. Pero una y otra vez la realidad demuestra lo contrario. Las políticas que dicen buscar justicia social terminan favoreciendo a quienes están en una mejor posición y castigando a los más desfavorecidos. Parece una broma de mal gusto, pero es una constante: los que prometen gravar a los ricos terminan exprimiendo a los trabajadores.

Es evidente que el FA les toma el pelo a sus votantes. Porque eso es lo que ocurre cuando se prometen cosas que se sabe que no se van a cumplir, y luego se rompen esas promesas sin pudor. Mentirle a la gente no es solo una falta política; es una forma de desprecio. Y lo más preocupante es, que una parte del electorado sigue acompañando fielmente al FA, elección tras elección, como si nada hubiera pasado.

No podemos seguir permitiendo que se denigre de esta manera a una parte del pueblo uruguayo. No podemos aceptar que se nos trate como ingenuos o distraídos, incapaces de recordar lo que se dijo ayer y lo que se hace hoy.
Es tiempo de iniciar un cambio de mentalidad. De empezar a poner las cosas en su lugar y llamar a las cosas por su nombre. Las promesas rotas no son errores: son mentiras. Los aumentos impositivos no son ajustes técnicos: son decisiones políticas. Y sus consecuencias las paga siempre el trabajador que menos tiene.

Desde Salto debe empezar a gestarse ese cambio que alcance a todo el país. Un cambio que ponga fin a las mentiras, a los impuestos abusivos y a los ataques a la libertad individual. Uruguay merece más respeto, más verdad y menos relato.

Nunca más FA