La Comisión Especial creada por la actual administración de la Intendencia de Salto, encabezada por el intendente Carlos Albisu, emitió su informe final sobre la situación de casi 300 funcionarios que, pocos días antes de culminar el mandato anterior —el pasado 25 de junio—, fueron pasados a la categoría de “permanentes”. El organismo, conformado para analizar caso por caso, concluyó que esos ingresos y regularizaciones fueron realizados en forma ilegal, sin contar con norma habilitante ni cumplir con las formalidades administrativas mínimas, y en violación expresa de lo establecido por la Constitución de la República.

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