En la última sesión extraordinaria de la Junta Departamental de Salto, se aprobó por mayoría un proyecto de decreto que cambia la categorización de 400 hectáreas: de suelo rural a suelo urbano. La votación fue ampliamente favorable, pero no unánime. Dos ediles del Frente Amplio, Gabriel Scabino y Santiago Vidart, votaron en contra, generando repercusión dentro y fuera del ámbito político.

El edil Gabriel Scabino fue especialmente crítico con el proyecto y expuso en detalle sus argumentos. Según él, esta modificación representa una expansión innecesaria de la ciudad, equivalente al 13% de su superficie, con permiso para construir barrios privados, sin garantías de que eso ocurra realmente.

Discusión a puertas cerradas

Uno de los puntos que más cuestionó fue la forma en que se trató el tema: a puertas cerradas en la comisión de Legislación, sin participación de actores sociales relevantes como la Universidad de la República, arquitectos, cooperativas de vivienda o colectivos ambientales. Para Scabino, esta falta de apertura contradice los principios de participación que exige la ley de Ordenamiento Territorial, así como la tradición salteña de debates amplios para este tipo de decisiones.

Salto tiene áreas sin urbanizar

También destacó que la ciudad de Salto ya tiene grandes áreas sin urbanizar y numerosos terrenos baldíos incluso en el centro. Además, según los datos del Censo 2023, el crecimiento poblacional ha sido muy bajo, lo que para Scabino demuestra que no hay una necesidad real de ampliar la mancha urbana.

Consecuencias ambientales

El edil también alertó sobre las consecuencias ambientales de este cambio. Las tierras que pasarán a ser urbanas forman parte de la cuenca del arroyo San Antonio, una zona vulnerable desde el punto de vista ecológico. La posibilidad de eliminar monte nativo y aumentar la contaminación en una zona cercana a la toma de agua de OSE representa, para él, un riesgo que no se ha tenido en cuenta ni se han propuesto medidas para mitigarlo.

Especulación inmobiliaria

Desde el punto de vista social y político, Scabino fue contundente. Dijo que esta decisión beneficia a pocos propietarios de tierras, generando una especulación inmobiliaria que encarece el valor del suelo, al tiempo que los recursos municipales deberán destinarse a esa nueva zona, postergando barrios ya existentes que siguen con servicios e infraestructuras precarias. Además, criticó que se hable de construir viviendas sociales o cooperativas en zonas que ni siquiera tienen escuela, liceo, o servicios básicos. También cuestionó los argumentos sobre generación de empleo, ya que los puestos prometidos serían temporales y de baja remuneración.

Votar este proyecto es ajeno a la identidad del Frente Amplio

Scabino sostuvo que este proyecto contradice el programa del Frente Amplio aprobado en 2020, el cual promovía consolidar la ciudad existente y rechazaba los barrios privados como forma excluyente de urbanización. “Votar este proyecto es alejarse de nuestra identidad ideológica y de los principios que prometimos defender”, concluyó.