El debate sobre la sostenibilidad de los sistemas previsionales no es nuevo en Uruguay. Desde hace décadas, la sociedad discute sobre la necesidad de ajustar las edades de jubilación a la realidad demográfica del país. Sin embargo, en el ámbito municipal persiste una normativa que parece anclada en otro tiempo: el Estatuto del Funcionario Municipal, aprobado en 1955, que fija en 70 años la edad de retiro obligatorio.
La comparación histórica es reveladora. En 1960, la esperanza de vida promedio de los uruguayos rondaba los 68 años. Eso significaba que muchas personas no llegaban a disfrutar plenamente de su jubilación, y quienes lo hacían, apenas podían aspirar a unos pocos años de descanso tras una vida laboral extensa. En aquel contexto, jubilarse a los 60 años era una posibilidad razonable y acorde al promedio de vida de la población.

Hoy la situación es muy distinta. La esperanza de vida en Uruguay alcanza los 78 años, diez más que en los años 60. A su vez, la edad mínima de retiro se extendió: ahora es necesario contar con 65 años para acceder a la jubilación común. Con estas cifras sobre la mesa, resulta lógico preguntarse: ¿es razonable mantener en 70 años la edad de retiro obligatorio para los funcionarios municipales?

La vida laboral se prolonga

El punto no es menor. La normativa vigente fue diseñada en un país que ya no existe, con realidades laborales, sanitarias y demográficas muy distintas a las actuales. Si la población vive más y lo hace en mejores condiciones de salud, parece natural que la vida laboral también se prolongue. El límite de los 70 años, que en los años 50 podía verse como un tope prudente, hoy aparece desfasado.

Obligar a jubilarse a los 70

En términos prácticos, obligar a un funcionario municipal a jubilarse a los 70 implica prescindir de personas con experiencia, conocimiento de la administración y capacidad para aportar todavía durante algunos años más. Por otra parte, extender la edad de retiro podría contribuir a aliviar la presión sobre el sistema previsional, que enfrenta el desafío de financiar jubilaciones cada vez más largas en una sociedad que envejece aceleradamente.

Discusión económica y calidad de vida

Claro que la discusión no es solo económica. También debe atenderse a la calidad de vida de los trabajadores. No todos los empleos municipales tienen la misma exigencia física o mental, y sería injusto poner en la misma balanza a un operario de recolección de residuos con un funcionario administrativo. En ese sentido, podría pensarse en un sistema flexible que contemple la diversidad de tareas, incentivando la permanencia de quienes desean y pueden seguir trabajando, sin imponer cargas excesivas a quienes desarrollan labores más desgastantes.

Retiro de los municipales

El debate sobre la edad de retiro de los municipales debería formar parte de una reflexión más amplia sobre la modernización del Estado y la adaptación de sus normas a la realidad actual. Mantener un estatuto de hace casi 70 años, sin ajustes, es un contrasentido. No se trata de desconocer derechos adquiridos ni de imponer cambios abruptos, sino de pensar en un esquema gradual, justo y sostenible.

Tramo final de la vida laboral

La pregunta, entonces, queda planteada: si en los años 60 jubilarse a los 60 era lógico porque la vida promedio apenas superaba esa edad, ¿por qué hoy, cuando se vive una década más, deberíamos seguir limitando la carrera de los funcionarios municipales a los 70 años? Quizás haya llegado el momento de repensar esa cifra, de abrir un debate serio y responsable que contemple la nueva realidad demográfica, la necesidad de eficiencia en la gestión pública y el derecho de los trabajadores a elegir cómo transitar el tramo final de su vida laboral.

En definitiva, ajustar la edad de retiro no es un mero tecnicismo. Es una decisión que involucra el futuro del sistema previsional, la calidad del servicio municipal y, sobre todo, la dignidad de quienes dedican su vida al trabajo público.