Las diferencias salariales que habrían afectado a miles de integrantes de la Policía Nacional durante casi dos décadas vuelven a estar en el centro de un planteo jurídico que busca respuestas administrativas y el reconocimiento de derechos económicos. La iniciativa, promovida en el ámbito de la U.N.P.A.R.P., comprende tanto a funcionarios en actividad como a policías retirados y pensionistas, y procura abordar no solamente los adeudos acumulados, sino también sus consecuencias sobre los ingresos actuales.

En diálogo con La Prensa, la Dra. Esc. Flavia Nardone, magíster en Seguridad Pública e integrante del Estudio Nardone & Asociados, explicó los fundamentos de la propuesta y adelantó que el camino previsto comenzará con presentaciones ante el Ministerio del Interior. La estrategia se apoya en principios de igualdad, justicia social y justicia administrativa, con el objetivo de que situaciones laborales similares no continúen generando diferencias económicas entre funcionarios.

El origen del reclamo, partidas que no se habrían calculado correctamente

Según explicó Nardone, el planteo se relaciona con partidas salariales establecidas por normas que contemplaban porcentajes vinculados a la antigüedad y a la permanencia en la función policial. Esos porcentajes debían calcularse sobre las partidas salariales que generaban aportes al Montepío.

Sin embargo, a medida que distintas leyes de presupuesto y rendiciones de cuentas incorporaron nuevos componentes a las remuneraciones, esos porcentajes habrían dejado de aplicarse sobre algunas de las partidas agregadas posteriormente. De acuerdo con la profesional, esa situación produjo diferencias en los salarios percibidos por los funcionarios.

La abogada señaló que ya existieron reclamos individuales ante la Justicia, con resultados diferentes. Algunos policías obtuvieron sentencias favorables, mientras que otros consiguieron el reconocimiento de determinados adeudos sin que se estableciera la continuidad del ajuste hacia el futuro. También hubo demandas rechazadas, en algunos casos por argumentos jurídicos relacionados con la reserva legal en materia de salarios públicos.

Esta diversidad de antecedentes constituye uno de los puntos centrales de la nueva estrategia, que pretende encontrar una solución que alcance a más personas y permita corregir las diferencias que persisten.

Una deuda histórica y el impacto en jubilaciones y pensiones

Nardone estimó que unas 20.000 personas podrían estar comprendidas en la problemática a nivel nacional. Aclaró que esa cifra refiere al universo de posibles afectados y no necesariamente a quienes ya decidieron incorporarse formalmente al reclamo.

La propuesta contempla dos objetivos. Por un lado, solicitar el reconocimiento de las diferencias salariales correspondientes al período 1993-2012. La profesional reconoció que el cobro judicial de esos montos enfrenta dificultades vinculadas a la prescripción, por lo que se buscará que el Ministerio del Interior considere su reconocimiento por razones de igualdad y justicia administrativa.

Por otro lado, y como aspecto prioritario, se pretende que se revisen y reliquiden los salarios, las jubilaciones y las pensiones, incorporando correctamente las partidas que debieron integrar sus respectivos cálculos.

La finalidad es que quienes se encuentran en situaciones equivalentes puedan percibir remuneraciones y prestaciones acordes con sus derechos, independientemente de que hayan obtenido anteriormente una resolución favorable en un reclamo individual.

Para dimensionar las diferencias, Nardone mencionó casos en los que funcionarios que cumplen la misma función pueden llegar a cobrar hasta 9.000 pesos más que otros por tener reconocido el efecto de esas partidas. Indicó que no dispone de una estimación global de los montos reclamados, ya que todavía no está definido cuántas personas participarán ni cuál es la situación particular de cada una.

En Salto alrededor de 170 posibles reclamantes

En Salto, la profesional indicó que se estima que unas 170 personas podrían incorporarse a esta etapa de la iniciativa. La cifra es preliminar y corresponde a quienes, según la información disponible, estarían interesados en presentar el reclamo.

La propuesta también registra movimientos en otros puntos del país. Nardone mencionó gestiones vinculadas a Flores y señaló que existen posibilidades de desarrollar encuentros en departamentos como Colonia y Canelones, aunque esas instancias todavía no están confirmadas.

La estrategia prevé presentar primero las solicitudes ante el Ministerio del Interior, procurando una respuesta por la vía administrativa. Si esa instancia no ofrece una solución, una vez agotados los mecanismos internos, se evaluará recurrir a organismos internacionales.

La abogada también mencionó antecedentes de iniciativas impulsadas por otros grupos de policías, entre ellos un reclamo ante la Organización Internacional del Trabajo promovido por funcionarios de Montevideo.

La dimensión humana detrás de las cifras

Más allá de los aspectos técnicos y jurídicos, Nardone hizo especial hincapié en las consecuencias económicas que la situación tendría para las familias policiales, particularmente para quienes ya se retiraron del servicio y dependen de una jubilación o pensión.

La intención es que el reclamo no quede limitado a una discusión sobre montos acumulados, sino que contemple la incidencia de esas diferencias en los ingresos que las personas reciben actualmente. Sostuvo que existen familias que tienen dificultades para llegar a fin de mes y que una corrección de las liquidaciones podría representar un cambio significativo en su economía cotidiana.

La iniciativa busca, promover contactos con legisladores y autoridades políticas para procurar una solución que permita regularizar las situaciones planteadas.

Reunión informativa

La presentación de la propuesta tendrá lugar hoy sábado 17 de octubre, a las 16:30, en el salón de fiestas de la Asociación de Retirados y Pensionistas Militares, ubicado en avenida E. Amorim 1130.

La reunión estará dirigida a policías activos, retirados, pensionistas y demás personas interesadas en conocer los fundamentos del reclamo, sus posibles alcances y los pasos previstos para participar.