La Comisión de Hacienda del Senado enviará al Poder Judicial y a varios organismos públicos la declaración de los damnificados por la quiebra de la empresa Conexión Ganadera, que denunciaron graves fallas de control de organismos del Estado y pidieron investigar eventuales sanciones a los funcionarios responsables. “No pedimos que el Estado se haga cargo de la deuda, pedimos que se haga cargo de sus errores y que colabore en esclarecerlos”, señalaron ante la comisión. Sostuvieron que son víctimas de “una estafa de unos privados a otros privados, con la participación por acción u omisión de funcionarios públicos”. Aseguraron que la maniobra no hubiera sido posible sin omisiones del Banco Central (BCU) y la DGI, entre otras dependencias, y marcaron “contradicciones” entre ambos organismos sobre la naturaleza de los contratos.

Señalaron que el BCU los consideró productivos, mientras que la DGI los trató como financieros después de la quiebra y reclamó impuestos retroactivos. Eso —advirtieron— reduce el monto que los ahorristas podrían recuperar en el concurso. “Durante la vida de la empresa Conexión Ganadera, la DGI nunca leyó un contrato de los productos ofrecidos. Pero sí lo leen cuando se decreta el concurso y en ese momento definen que estamos frente a un producto financiero y, por tanto, corresponden las retenciones de IRPF. Lamentamos que hayan detectado la irregularidad 25 años tarde”, plantearon.

Hay denuncia de uso de guias falsas

Por otra parte, señalaron irregularidades en la órbita del Ministerio del Interior (MI) y del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) en el manejo de las guías y las caravanas. Sobre ese punto, exhibieron un documento firmado por la Policía de Florida con la emisión de guías físicas que sirven para certificar la existencia del ganado.  “Hay cosas “…” muy graves, como la emisión de guías físicas selladas por la Policía de Florida. Esas guías no tienen ganado, entonces no sólo nosotros no tenemos ganado, tampoco lo tenían las guías, y la Policía lo estaba avalando”, afirmaron. En el escrito, los damnificados pidieron levantar la confidencialidad de las actuaciones del Banco Central, investigar el rol del Banco República, escribanos y contadores, y rastrear maniobras de lavado, testaferros y operaciones irregulares detectadas por la Fiscalía.

Denuncias serán elevadas a órganos estatales

El senador nacionalista Sergio Botana informó que la declaración será remitida al BCU, la DGI, los ministerios de Ganadería e Interior y al Poder Judicial. La senadora frenteamplista Liliam Kechichian recordó que el Banco Central ya tiene pronta una modificación de su carta orgánica para actuar en casos similares.