Hay gobiernos que enfrentan desafíos complejos con determinación y otros que se especializan en convertir lo sencillo en un laberinto. Uruguay, en los últimos meses, parece estar atrapado en este segundo caso. Con una capacidad casi admirable para desandar lo avanzado, contradecirse sin rubor y generar conflictos donde no los había, el gobierno transita un camino marcado por decisiones erráticas y retrocesos que minan la confianza ciudadana.

El caso del proyecto Arazatí es simbólico. Una solución para diversificar el abastecimiento de agua potable a la zona metropolitana, que contaba con estudios, planificación y hasta cronograma de ejecución, fue desmontada de golpe. Volvemos al punto de partida: nuevas conversaciones, rediseños y ninguna certeza. Si una sequía como la de 2023 vuelve, el drama será el mismo. 

La oportunidad de avanzar se dejó pasar, y el precio lo pagará la gente.

En el ámbito productivo, la reciente decisión de prohibir la exportación de ganado en pie generó un cruce público entre dos ministros. En vez de explicaciones técnicas, hubo desacuerdos expuestos sin filtros. Lo que debería ser una política clara y coordinada terminó en una pulseada política.

A esto se suma el bochorno de los pasaportes sin lugar de nacimiento. Los argumentos oficiales son pueriles y el daño a los ciudadanos, real. En lugar de corregir de inmediato, se optó por dejar que los afectados continúen con un documento limitado, con la promesa difusa de negociaciones internacionales que no llevarán a nada. Una burocracia sádica, que niega el sentido común.

El “diálogo social” por la seguridad social es otro ejemplo. Se pretende deslegitimar una ley ratificada por el voto popular hace menos de un año. 

Ignorar ese pronunciamiento soberano y reemplazarlo por una mesa desbalanceada y corporativa, es desconocer la voluntad ciudadana y degradar las reglas democráticas.

No menos preocupante es la marcha atrás con el decreto que otorgaba reconocimiento a universidades privadas. Instituciones consolidadas, con décadas de trayectoria y prestigio académico, son ahora puestas en duda por decisiones políticas que rayan lo ideológico. En vez de fortalecer un sistema educativo diverso y de calidad, se opta por debilitarlo con normas restrictivas que no suman.

Todas estas señales dibujan un país que se autosabotea. Un gobierno que parece más preocupado por no dar la razón al otro que por avanzar en soluciones. Que se atrapa en sus propias contradicciones, retrocede en vez de corregir, y pierde de vista lo esencial: gobernar para la gente, con claridad y responsabilidad.

La sensación de deriva es creciente. Y no se trata solo de errores. Se trata de una falta de rumbo, de sentido de urgencia, de prioridades claras. Uruguay necesita decisiones firmes, coherentes y transparentes. No más enredos, no más retrocesos. Porque en el mundo actual, quien se detiene —o peor aún, camina en círculos— termina quedando irremediablemente atrás.