Un accidente anunciado

En agosto de 2022, la vida de Sergio Severo, funcionario municipal en Salto, cambió para siempre. Aquel día, como tantos otros, fue a trabajar con una máquina que ya había advertido que estaba en mal estado. La retroexcavadora presentaba fallas hidráulicas, mangones deteriorados y pérdida de presión. Pese a sus informes y advertencias, la orden fue clara: seguir trabajando.

Durante una carga de combustible, uno de los mangones reventó y el brazo de la retro cayó sobre su cuerpo. El impacto fue devastador. Sergio sufrió traumatismo de cráneo, múltiples fracturas, una pierna reconstruida con tornillos y daños severos en el hombro. Su carrera laboral terminó en ese instante, pero el abandono recién comenzaba.

 Sin protección ni respaldo

Severo no contaba con los elementos básicos de seguridad. No tenía casco ni calzado especializado, aunque estos eran obligatorios. Tras el accidente, una funcionaria lo llamó mientras estaba internado, no para preguntar cómo estaba, sino para saber si tenía zapatos de seguridad ese día. Fue la única llamada institucional. El gremio tampoco lo contactó, con el argumento de que no era socio. “Parece que si no sos socio, tampoco sos ser humano”, dijo Sergio, dolido por la falta de apoyo.

Promesas rotas

En busca de respuestas, Severo se reunió con el intendente Andrés Lima, quien le prometió gestionar su jubilación por discapacidad y acompañarlo en el proceso. Nada de eso ocurrió. Más tarde, tuvo una reunión con Gustavo Chiriff, quien le dijo que no podía otorgarle un ascenso funcional debido a un convenio sindical. Pero la situación se volvió aún más indignante cuando, tiempo después del accidente, Chiriff fue a su casa con una lista electoral en mano, pidiéndole el voto. Ni una palabra sobre su salud. Solo interés político.

De operario calificado a paciente crónico

Antes del accidente, Sergio era un operario especializado que amaba su trabajo. Hoy vive con una renta por discapacidad del Banco de Seguros. No puede trabajar, no puede dormir sin medicación, y sufre secuelas físicas y emocionales profundas. “La retro era mi vida. Era lo que me daba el pan. Ahora paso los días en un sillón”, cuenta. También lamenta haber perdido su carrera funcional mientras otros ascienden sin trabajar, gracias a vínculos políticos o sindicales. “Me esforcé, estudié, trabajé... y terminé así.”

 Denuncia y abandono institucional

Su abogado, el Dr. Roque Basualdo, presentó una denuncia penal invocando la Ley de Responsabilidad Empresarial. Según él, hubo negligencia por parte de la Intendencia: no se hizo investigación administrativa, no hubo prevención, y el Ministerio de Trabajo clausuró la máquina tras el accidente. “El abandono fue total. De la institución, del gremio, y de quienes deberían haberlo protegido”, afirmó Basualdo.