Un cambio en la interpretación legal podría abrir la puerta a la justicia para cientos de ex empleados de la Ex Citricola Salteña. En la sala de streaming de Diario la Prensa, tres voces resonaron con fuerza y convicción. Los abogados Florencia Solano, Andrés Tironi y Florencia Pérez, representantes legales de un grupo de aproximadamente 200 ex trabajadores de la extinta Citrícola Salteña, compartieron una historia de lucha, esperanza y jurisprudencia. Un conflicto laboral que ha escalado hasta el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TSA) y que hoy representa una posible bisagra en la interpretación de derechos laborales en Uruguay.

El conflicto, créditos impagos y trabajadores desprotegidos

Durante años, estos trabajadores desempeñaron sus tareas en un contexto de incertidumbre. Tras el cierre de la empresa, no solo quedaron desempleados, sino también adeudados. Licencias, salarios, compensaciones: rubros que debieron haber sido abonados pero que, a pesar de haber sido generados con esfuerzo diario, nunca llegaron a sus bolsillos.

“No se trata de un favor, ni de una dádiva”, expresó la abogada Florencia Solano. “Son créditos generados por su trabajo, por su esfuerzo, y que deben ser reconocidos”.

Un punto de inflexión legal: la sentencia del TSA

Según explicó el abogado Andrés Tironi, la raíz del conflicto se sitúa en la forma en que el Banco de Previsión Social (BPS) interpretaba la ley del Fondo de Garantía Salarial, creada en 2019. Esta ley, cuyo objetivo es proteger a trabajadores afectados por concursos o cierres empresariales, venía siendo aplicada de forma restrictiva por el BPS, que se negaba a reconocer los créditos considerados “post-concursales”, es decir, los generados después del inicio formal del concurso judicial de la empresa.

“Básicamente, BPS entendía que solo cubría los créditos hasta el momento en que se iniciaba el concurso”, explicó Tironi. “Esto dejaba a muchos trabajadores sin protección, a pesar de haber seguido trabajando meses o incluso años sin cobrar”.

Sin embargo, una reciente sentencia del TSA cambió radicalmente el escenario. Este fallo reconoce que esa interpretación es contraria a los derechos consagrados en la Constitución y en la ley del Fondo de Garantía, abriendo así la posibilidad de que estos créditos post-concursales sean finalmente reconocidos y abonados por el Estado.

La ley como herramienta de justicia

En un lenguaje claro y accesible, los abogados detallaron cómo funciona este mecanismo legal: cuando una empresa entra en concurso, sea de forma voluntaria (por decisión de sus directivos) o necesaria (por acción de un acreedor), se abre un proceso de verificación de créditos. En caso de que el remate de los bienes de la empresa no alcance para cubrir las deudas, entra en acción el Fondo de Garantía, financiado por un 1% sobre las ganancias de todas las empresas activas.

En teoría, este fondo debería permitir que los trabajadores cobren lo que se les adeuda. En la práctica, sin embargo, muchos quedaban fuera de la cobertura debido a la interpretación restrictiva que el BPS aplicaba hasta ahora. La reciente sentencia cuestiona precisamente esa lectura.

“Esta ley no busca excusas, busca soluciones”, afirmó Tironi.

Un caso con implicancias más allá de lo individual

Aunque este caso afecta directamente a 200 trabajadores, el alcance de la sentencia podría extenderse mucho más allá. “Lo importante es que esto siente un precedente”, apuntó la abogada Pérez. “Tenemos otros concursos en curso, y es fundamental que los trabajadores sepan que deben verificar sus créditos judicialmente para acceder al Fondo de Garantía”.

La advertencia no es menor. Muchos trabajadores, por desconocimiento o desinformación, no completan correctamente los pasos legales para que sus créditos sean reconocidos formalmente. Esto los deja fuera del sistema de protección. Por eso, desde el equipo legal enfatizan la importancia de contar con asesoramiento adecuado y oportuno.

¿Qué sigue?

Actualmente, el caso está en una etapa clave: se presentó formalmente el reclamo ante BPS y se está esperando la primera resolución administrativa. “Ya sabemos que la vista jurídica de BPS fue negativa”, informó Solano. “Estamos contestando, y si la resolución también es negativa, agotaremos la vía administrativa y luego recurriremos nuevamente ante el TSA”.

Este proceso, además de ser largo, implica costos que los trabajadores difícilmente pueden afrontar. “Muchos de ellos no han cobrado nada desde 2017”, lamentó Pérez. “Y aun así se les exige pagar timbres, iniciar recursos… Todo esto hace que muchos abandonen el reclamo, resignados”.

Justicia demorada, pero no negada

La conversación se cierra con una reflexión humana: más allá de los tecnicismos legales y la estructura normativa, este caso trata sobre personas. Personas que trabajaron, que generaron riqueza, y que esperan años después recibir el pago justo por su labor. “Lo que reclaman no es nada más que lo que les corresponde”, enfatizó Solano. “Sus derechos deben ser validados”.

La esperanza del equipo legal es que la reciente sentencia sea el comienzo de un cambio profundo. Que el BPS, ahora con un nuevo directorio, adopte una postura más acorde con los principios constitucionales y el espíritu de la ley. Que no se limite a interpretaciones frías, sino que comprenda el contexto de cada situación.

“Como decía un viejo profesor, el texto sin contexto es un mero pretexto”, recordó Tironi. Una frase que, en este caso, cobra una relevancia particular.

Un precedente para no repetir errores

La historia de estos trabajadores y sus abogados es también una advertencia para otros. Una advertencia sobre la importancia de actuar a tiempo, de asesorarse legalmente, y de no rendirse frente a un sistema que a veces parece diseñado para desalentar la búsqueda de justicia. Pero también es una historia de esperanza. Una muestra de que el Derecho, cuando se interpreta con humanidad, puede transformarse en un verdadero instrumento de reparación.