El Directorio del Partido Nacional emitió una declaración en la que lamentó la “cancelación” del proyecto Neptuno, que fue impulsado durante el gobierno anterior y preveía la construcción de una planta potabilizadora de agua del Río de la Plata, a ubicarse en Arazatí, departamento de San José, como fuente alternativa para el sistema de abastecimiento del área metropolitana. El ejecutivo blanco recibió a tres exjerarcas del gobierno de Luis Lacalle Pou: el ex  presidente de OSE Raúl Montero, el exsubsecretario de Ambiente Gerardo Amarilla y el exdirector de la OPP Fernando Blanco. Los exfuncionarios presentaron informes técnicos en defensa del proyecto Neptuno.

Un retroceso en seguridad hídrica

Luego de la reunión, el directorio nacionalista calificó la decisión del gobierno de Yamandú Orsi como un "retroceso" en materia de seguridad hídrica. Afirmó que se desaprovechó un trabajo “serio e interinstitucional”, con aportes técnicos y académicos, y exhortó a su bancada parlamentaria a realizar un seguimiento de las consecuencias jurídicas, ambientales e institucionales de la medida.

El presidente del directorio, Álvaro Delgado, recordó la sequía de 2023 y cuestionó que Uruguay siga dependiendo de una única fuente de agua potable. Amarilla, en tanto, afirmó que se tiran por la borda cuatro años y medio de labor técnica. Montero, por su parte, defendió la captación en el Río de la Plata, utilizada desde hace décadas en Colonia, Juan Lacaze y Buenos Aires, y consideró que no tiene sentido mantener un “temor ancestral” al uso de esa fuente. Además, el extitular de OSE manifestó dudas sobre el nuevo proyecto del gobierno. “Nosotros no conocemos ningún documento. Estamos opinando sobre cosas que hemos escuchado. No sabemos, por ejemplo, si (la represa de) Casupá está en ese paquete de obras, o si el ahorro solo se basa en una toma más barata, en un abastecimiento de energía eléctrica menos caro, o en una tubería de aducción más corta”.

“Un capricho monárquico”

El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado también analizó el tema. Luego de la reunión de este lunes, el secretario general, Andrés Ojeda, calificó de “capricho monárquico” la decisión del gobierno de anular el proyecto Neptuno y construir una nueva planta en Aguas Corrientes y otras obras complementarias. Afirmó que, al dejar de lado la toma alternativa de agua del Río de la Plata, y seguir dependiendo de la cuenca del Santa Lucía, ”si en Uruguay vuelve a haber sequía, la zona metropolitana se queda sin agua seguro”. El senador Ojeda anunció que el director colorado en OSE, José Amy, planteará el rechazo en el directorio de la empresa pública. También criticó la falta de información sobre la renegociación del contrato con el consorcio privado encargado de las obras. “Fíjense la irresponsabilidad del gobierno, que anuncia semejante cambio sin mostrar un informe técnico, un informe jurídico, un informe económico, y lo tapa de razones políticas. Incluso se manifestaba con mucha razón en el Comité Ejecutivo que las razones que argumentaban algunas agrupaciones de la sociedad civil que estaban en contra del proyecto (Neptuno) no son tenidas en cuenta”.

Ortuño defendió la decisión del gobierno

El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, defendió la decisión del gobierno de renegociar el contrato con el consorcio privado que iba a encargarse del proyecto Neptuno. Aseguró que la medida fue “técnica”, respaldada por estudios de OSE y de organismos internacionales. Explicó que el nuevo plan permitirá asegurar el abastecimiento de agua potable para la zona metropolitana. Las obras incluyen una nueva planta potabilizadora sobre el río Santa Lucía —cercana a la actual en Aguas Corrientes—, mejoras en la Quinta Línea de Bombeo, y la construcción de una represa y una pequeña planta potabilizadora en el arroyo Solís Chico, para reforzar el suministro en el este de Canelones. Destacó que el nuevo esquema implica un ahorro superior a los 100 millones de dólares y garantiza que OSE mantenga la gestión, cumpliendo así con el artículo 47 de la Constitución, que establece que el servicio de agua debe ser prestado por el Estado. Ortuño confirmó que el 4 de agosto comparecerá ante la Comisión de Medio Ambiente de Diputados, citado por la oposición, “con mucho fundamento técnico” y con voluntad de construir un acuerdo nacional sobre el abastecimiento de agua potable. “Así como hubo un salto en energía y telecomunicaciones, ahora el país necesita garantizar el acceso universal al agua, un derecho humano fundamental”, concluyó.