El puerto de Montevideo atraviesa una nueva crisis que amenaza con afectar gravemente la economía del país. No es la primera vez que sucede. Hace pocos meses, el extenso conflicto pesquero paralizó la actividad por casi dos meses, con consecuencias desastrosas para trabajadores, empresas y el propio Estado. Aquella experiencia dejó una enseñanza clara: cuando el Ministerio de Trabajo se muestra pasivo, los conflictos se enquistan, las pérdidas se multiplican y el empleo termina deteriorándose.

En ese episodio, la inacción y la falta de liderazgo político fueron evidentes. Las mesas tripartitas convocadas una y otra vez no lograron nada. Las empresas, ante la incertidumbre y el costo de sostener una estructura paralizada, decidieron reestructurarse, abandonar convenios con sindicatos que consideraron inflexibles y redefinir su modelo de operación. El resultado fue un retroceso para todos: se perdieron empleos, se desarticularon sectores productivos y se debilitó la confianza en la capacidad del Estado para arbitrar con equilibrio.

Hoy, el puerto vuelve a ser escenario de una situación similar. En esta ocasión, el conflicto surge por la oposición de un sindicato portuario a la instalación de un nuevo sistema informático que busca modernizar la gestión de la playa de contenedores. La empresa inversora —que modernizó, amplió y dotó de tecnología de punta al puerto— busca dar un salto en eficiencia y productividad, alineando al país con los estándares internacionales de la logística marítima. Pero en lugar de acompañar ese proceso de modernización, el sindicato ha decidido enfrentarlo con una lógica conservadora e irracional.

El argumento sindical se basa en el temor de que la digitalización reduzca puestos de trabajo. Sin embargo, la reacción no ha sido propositiva ni dialogante. En vez de discutir mecanismos de reconversión laboral o capacitación, los representantes sindicales plantean condiciones que rozan lo absurdo: reducir la jornada laboral a seis horas, pero manteniendo el salario de ocho, además de reclamar una participación en las ganancias que el nuevo sistema podría generar. Se trata de una posición que no solo ignora las reglas básicas de la economía y la productividad, sino que también desconoce la realidad competitiva del comercio marítimo global.

Mientras tanto, las consecuencias comienzan a sentirse. Varias líneas de transporte de contenedores —actores clave del comercio exterior— han decidido suspender sus arribos a Montevideo. El mensaje es contundente: nadie quiere arriesgar cargas ni tiempos en un puerto que se ha vuelto impredecible. Corriendose el riesgo de que se le califique “puerto sucio”.

Al presente, las exportaciones se retrasan, los costos logísticos aumentan y las industrias nacionales pierden competitividad. En otras palabras, los efectos del conflicto trascienden el ámbito laboral: impactan directamente en la economía del país y en su reputación como hub regional.

El gobierno, y especialmente el Ministerio de Trabajo, no pueden repetir los errores del pasado reciente. El Estado debe garantizar el derecho a la negociación colectiva, pero también proteger el interés general y el funcionamiento de los servicios estratégicos. La parálisis del puerto no es un simple desacuerdo entre empresa y sindicato: es una amenaza al comercio, al empleo y al prestigio del país. Por eso, si es necesario se debería declarar la esencialidad, si es necesario e inevitable como quedo marcado.

Uruguay necesita un puerto moderno, eficiente y previsible. Pero para eso se requiere responsabilidad, visión de futuro y una autoridad laboral que actúe con firmeza, no con complacencia. Si cada avance tecnológico se convierte en un motivo de conflicto, el país corre el riesgo de quedar varado en la orilla del atraso. Y en ese caso, no habrá sindicato, ni empresa, ni gobierno que pueda reclamar victoria alguna.