El Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio del Interior anunciaron finalmente lo que la realidad, el sentido común y miles de ciudadanos reclamaban a gritos: la suspensión de la nueva versión del pasaporte uruguayo, implementada en abril, que omitía un dato básico y elemental como el lugar de nacimiento del titular. Esta decisión tardía y forzada por la presión internacional no es otra cosa que la confirmación de un grave error político y de gestión, ideado y defendido hasta el absurdo por el canciller Mario Lubetkin, hoy en el centro de la crítica pública por su terquedad y silencio.