En Uruguay, hay una injusticia que se repite gobierno tras gobierno, sin importar el color político ni los discursos de campaña: la postergación sistemática de jubilados y pensionistas. Esta vez, la semana pasada, nuevamente se nos anunció con entusiasmo un “aumento” que, si se observa con lupa, hasta roza lo insultante. Desde hace muchos, pero muchos años, digo que nuestros jubilados son los grandes estafados del país, y los hechos lamentablemente siempre lo terminan confirmando.

Según informaron autoridades del Ministerio de Trabajo, de Economía y Finanzas y el propio BPS, unas 140.000 personas que cobran pasividades mínimas (esto es, menos de $20.057 nominales mensuales) recibirán un incremento del 3%, que estará dividido en dos partes: 2% ahora, retroactivo a julio, y un 1% más… recién en julio del año próximo.

¿En serio alguien cree que eso es un avance? ¿Qué significan esos números en la vida cotidiana de un jubilado? ¿Cuánto representa ese 2% sobre una jubilación mínima? Apenas unos $400 por mes. Ni una garrafa, ni media garrafa. ¿Eso es lo que se considera "cumplir con un compromiso de Gobierno"?

Lo más cínico del asunto es que se celebra como si fuera una conquista. Se repite que esta vez “no será descontado del aumento de enero”, como si no fuera lo mínimo esperable. Se subraya que “es un refuerzo permanente”, como si esa permanencia no siguiera siendo miserable. Se apela al “escenario fiscal restringido” como excusa, como si los jubilados debieran cargar siempre con el costo de ese equilibrio contable.

El país crece, las cifras macroeconómicas se presentan como positivas, pero la dignidad de los jubilados sigue siendo una cuenta pendiente. Ellos son quienes construyeron este país, quienes trabajaron durante décadas, aportaron al sistema y ahora sobreviven con menos de lo que cuesta una canasta básica. ¿Acaso no estamos ante una estafa por parte del Estado? Digo Estado y no Gobierno, porque no me olvido que también fueron desastrosos los aumentos en tiempos de Astori, de Arbeleche, etc. etc.

No se trata de un problema nuevo. Esta estafa no es exclusiva del actual Gobierno ni del anterior, que quede claro. Es histórica (al menos desde que tengo uso de razón). Los jubilados han sido y siguen siendo los grandes olvidados de todos los gobiernos. Todos han repetido la misma lógica: prometer justicia social, y luego ofrecer migajas. No importa el partido, el presidente o la ministra de turno. Cambian los rostros, pero no cambia el desprecio.

Mientras se gasta sin tapujos en obras monumentales, publicidad institucional o rescates empresariales (por no hablar de sueldos a parlamentarios y demás), resulta que a quienes dieron su vida laboral, se les entrega un aumento simbólico, con bombos y platillos. Porque sí, hablemos claro: esto es simbólico; simboliza ni más ni menos que el desinterés estructural hacia los más viejos.

Insisto con que este no es un reclamo partidario. Es un grito de sentido común. Es un llamado a poner en el centro del debate político la vida de quienes ya no tienen fuerza para marchar ni para exigir, ya no pueden hacer paro.

No puede ser que, en pleno 2025, sigamos celebrando que un jubilado pase de cobrar $19.500 a cobrar $19.900, como si eso le cambiara la vida. ¿Usted se imagina quienes, con ese ingreso, deben pagar un alquiler? Ni le hablo de agua, luz, medicamentos…¡y comer todos los días!

Este país le debe mucho a sus viejos. Y le sigue pagando mal, muy mal. Hablo de lo que veo; me baso en la realidad que tengo ante los ojos. Que otros hablen de macroeconomía si quieren, yo no. Con conceptos grandilocuentes que hablen otros, yo no. Yo quiero hablar claro y sencillo; hablo de doña María y don José, los que todos los días hacen malabares para subsistir, mientras algunos genios iluminados, miserablemente se rasgan las vestiduras con los aumentos que dan.