La juez que sustituyó a Mariana Mota en el juzgado penal falló diferente a la Suprema Corte de Justicia en uno de los tantos casos de violación de los derechos humanos por parte de la dictadura. La magistrada penal Beatriz Larrieu desestimó una solicitud para clausurar por prescripción una causa contra mandos civiles, militares y policiales.-

La juez Larrieu declaró imprescriptible el caso de detención ilegal, tortura y posible homicidio de la militante comunista Norma Cedrés de Ibarburu.

Sostuvo que "el cómputo del plazo prescripcional debe iniciarse en el año 2009 y no antes, porque no corresponde tener en cuenta el tiempo de ruptura institucional ni el lapso de vigencia de la ley de Caducidad, por constituir dicha norma un impedimento para la investigación de los hechos".

El fallo de la magistrada establece que a pesar de haberse restablecido el orden institucional en 1985, el Estado no proporcionó a las víctimas los medios necesarios para la debida protección de sus derechos.

Agrega que "fue recién a partir de 2009 que por la vía de declaración de inconstitucionalidad de la ley de Caducidad en cada caso, se pudieron iniciar las correspondientes investigaciones judiciales".

Citando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la jueza consideró que la ley de Caducidad "sirvió para clausurar todos los juicios criminales por violaciones de los derechos humanos, cerrando toda posibilidad jurídica de una investigación judicial destinada a comprobar los delitos denunciados e identificar a sus autores, cómplices o encubridores".