La estafa contra el Fondo Social de Vivienda de los Obreros de la Construcción (Fosvoc), gestionado por el SUNCA, destapó una trama de corrupción que ya se cobró sus primeras consecuencias judiciales: tres personas fueron condenadas y el Ministerio Público continúa investigando. Aunque desde la dirigencia sindical y el Partido Comunista del Uruguay (PCU) niegan cualquier implicancia institucional, los detalles revelados por la fiscal del caso, Mirta Gómez, dejan en evidencia un esquema complejo de desvío de fondos públicos que golpea directamente la credibilidad de uno de los pilares del movimiento sindical uruguayo.